​La Secretaria Ejecutiva Confederal, Isabel Araque, considera que la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012 ha facilitado la explotación laboral y la realización de horas extras no pagadas. Así, de 2010 a 2015 el número de horas extra pagadas se han reducido un 13,8% y las horas extra no pagadas han crecido en un 33,5% (797 millones de horas extra no pagadas en este periodo). Esta última circunstancia ha hurtado a los trabajadores y trabajadoras de unos salarios que legítimamente deberían haber percibido que sumarían más de 12.500 millones de euros en ese período, lo que también ha mermado las arcas de la Seguridad Social en unos 3.500 millones de euros en forma de cotizaciones no pagadas.

Araque achaca este aumento de las horas extra no pagadas a tres circunstancias:

- la presión que ejerce el elevado desempleo sobre los trabajadores y trabajadoras, que hace que se vean obligados a aceptar condiciones laborales cada vez más desfavorables por el miedo a no salir de la situación de desempleo o a caer en ella.

- los sucesivos cambios en la normativa laboral que han ido dando más poder de decisión a los empresarios, y sobre todo la reforma laboral del gobierno del Partido Popular de 2012, que desequilibró la correlación de fuerzas en la negociación colectiva de manera drástica.

- Y el auge del contrato a tiempo parcial durante la crisis, que con la regulación dada por la reforma laboral de 2012, permitía la realización de horas extraordinarias, con lo que muchas veces un contrato de jornada parcial encubría jornadas casi idénticas a las de un contrato a jornada completa. En diciembre de 2013 se produjo un cambio normativo por el cual se prohibieron las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, pasando a regularse las denominadas “horas complementarias”, que son pactadas de antemano en el contrato. Esto ha podido desincentivar la utilización del tiempo parcial de una manera tan abusiva como hasta 2013.

Araque desmiente además que las horas extra sean sinónimo a flexibilidad laboral, “tienen que ver con el abuso empresarial y la explotación laboral” porque “ninguna norma exime a los empresarios de retribuir el exceso de jornada que realizan los trabajadores. Todas las horas trabajadas deben pagarse”- ha dicho.

Además, durante etapas de crisis y de “elevado desempleo”, como la que vivimos desde 2008, la inseguridad que perciben los trabajadores aumenta, y por eso hay empresas que se aprovechan de ello para exigir condiciones laborales que entran de lleno en la ilegalidad. Araque considera que muchos de los trabajadores no denuncian estas situaciones abusivas ante el miedo a perder su puesto de trabajo.