​El Indicador adelantado del IPC vuelve a constatar que la tasa interanual se mantiene en el 3%, y eso a pesar de que en febrero los precios bajaron un 0,3%, con respecto a enero, por el descenso de los precios de la luz y las gasolinas.

Dos componentes que, no obstante, han llevado a la inflación a niveles de hace cuatro años y medio. Así, por ejemplo,  la subida del precio de la electricidad, contrasta con la noticia de que las grandes compañías eléctricas hayan ganado en 2016, 5.463 millones, esto es un 9% más.

El incremento de los precios y la propia evolución de nuestra economía (crece por encima del 3%) unido, a la realidad constatada por la propia Comisión Europea, del incremento  de la pobreza y desigualdad en España, y de que cada vez haya más trabajadores pobres, hacen insoslayable la demanda sindical de que todos los trabajadores ganen poder adquisitivo.

Así los precios han iniciado una senda de crecimiento que, según las previsiones económicas oficiales, se consolidará durante los próximos meses hasta situar el IPC de 2017 en torno al 1,7%.

Por eso, es hora de acabar con la contención salarial y negociar incrementos para que todos los trabajadores ganen poder adquisitivo, tal y como defienden los sindicatos, en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (proponen subidas desde el 1,8% hasta el 3%). 

Máxime teniendo en cuenta que los trabajadores han sufrido recortes profundos durante la crisis (especialmente los que percibían salarios más bajos); la renta media de los hogares ha caído un 13% desde 2009; la población en riesgo de pobreza o exclusión llega al 28,6%; y el 18,1% de los trabajadores son pobres. 

Esta horquilla salarial permitiría empezar a compensar las rebajas salariales de la crisis y fomentar el consumo y la inversión, y con ello la economía y la creación de empleo.

Asimismo, es preciso acabar con la reforma laboral que ha provocado una devaluación laboral sin precedentes y cuyas medidas de ajuste, además de ser injustas, ahora  no tienen ninguna justificación. Una normativa que ha causado un daño irreparable a la negociación colectiva pues ha roto las relaciones laborales, y dado mayor poder a los empresarios.

UGT critica la cerrazón de la patronal al oponerse a incrementos salariales razonables acordes con la nueva situación económica, pide que rectifique y se siente a negociar en el marco del diálogo social  y advierte que si persiste en esta postura, aumentará la conflictividad laboral.

El sindicato considera, además, que competir en base a seguir rebajando los costes laborales, terminará lastrando nuestra economía y pondrá en serio riesgo a nuestro sistema de Seguridad Social. Por eso pide responsabilidad al Gobierno y a la patronal. Hay que derogar la reforma laboral, volver a equilibrar las relaciones laborales y tratar de que el crecimiento y la riqueza llegue a todos, no solo a unos pocos.