​UGT y CCOO, encabezados por sus Secretarios Generales, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, han celebrado hoy un acto, en el marco de la 105ª Conferencia Internacional del Trabajo, para denunciar la criminalización del derecho de huelga en España. Algo que también sucede en otros países, donde gobernantes y empresarios, tratan de mermar este elemento clave de los trabajadores para preservar sus derechos.

Este acto es uno de los muchos que vienen protagonizando ambos sindicatos, a nivel nacional e internacional, para denunciar el recorte del derecho fundamental de huelga en España, en base a la utilización del artículo 315.3 del Código Penal. Un artículo preconstitucional, que no se utilizaba desde hacía 35 años, salvo excepciones, y que es “rescatado” coincidiendo con la puesta en marcha de la política de recortes laborales y sociales llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, desde 2012.

Desde entonces, se ha iniciado una guerra sin cuartel contra los piquetes informativos (cuya labor está reconocida y avalada por el Tribunal Constitucional) y cerca de 300 trabajadores, representantes legales, afiliados a los sindicatos, simpatizantes y personas comprometidas están siendo procesados por haber ejercido su derecho fundamental a la huelga. Y en base a este denostado artículo, se les imponen sanciones desproporcionadas, injustas y “ejemplarizantes”.

Los sindicatos exigen la retirada de este artículo que atenta contra el derecho fundamental de huelga y la propia libertad sindical y siguen recabando apoyos en contra de esta política de represión para obstaculizar la legítima protesta de los trabajadores y sus representantes, las organizaciones sindicales.

Aunque el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón se comprometió a derogar el 315.3 aprovechando la reforma del Código Penal e incluso a tramitar los indultos para los sindicalistas procesados, el Gobierno del Partido Popular, ahora en funciones, sigue sin actuar.

Mientras, la lucha sindical prosigue. UGT y CCOO han denunciado ya esta situación ante distintos organismos nacionales e internacionales y en distintos foros, con  movilizaciones y concentraciones en la calle, en jornadas específicas con juristas, en reuniones con todos los portavoces parlamentarios de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (se entregó un amplio informe en el que se analizan caso por caso cada actuación fiscal. La nota común es que desde la Fiscalía se observa una acción coordinada con instrucciones precisas, acompañada de un proceso involutivo que se traduce en la criminalización del sindicalismos y en una durísima ofensiva penal contra el derecho de huelga). En su día, se remitieron cartas al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado y hasta se puso de manifiesto ante los foros internacionales, habiéndose debatido en una cumbre del propio Consejo Europeo Social. Asimismo, denunciaron este asunto ante la OIT, por vulneración de la convención que garantía la libertad sindical y el derecho a la huelga y ante el Comité de Derecho Humanos del Consejo de Europa, garante de los derechos sociales.

Una denuncia de la que también se ha hecho eco la propia Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos.

UGT no cejará en su empeño, hasta lograr la derogación de este artículo.