Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, que cerraron ayer su tramitación parlamentaria y quedaron aprobados definitivamente en el Senado, son antisociales, continuistas con un modelo económico injusto y desigual, y no trasladan el crecimiento económico a los ciudadanos, resultando los más perjudicados pensionistas, parados y empleados públicos. En su elaboración, además, el diálogo social ha brillado por su ausencia, circunstancia especialmente grave por ser contraria a la ley y por evidenciar que no estamos en la "legislatura del diálogo" que proclama el Gobierno. La Unión General de Trabajadores mantiene, de cara a la preparación de los PGE para 2018, que las personas deben ser el centro de la política económica y que deben afrontar los problemas reales de desempleo, pobreza y desigualdad. Por eso UGT dará continuidad a las movilizaciones ya realizadas en los últimos meses, especialmente para reivindicar la necesidad de abordar los problemas del Sistema Público de Pensiones y la mejora del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los PGE 2017 plantean un gasto público menguado (con apenas un aumento del 1,7% en educación y del 2,3% en sanidad), menos inversión (que cae un 3,3%, en general, y un 20,6% en infraestructuras) y el gasto en industria se recorta en 11 millones de euros, es decir, un 0,2% menos que el año 2016.

Por otra parte, estos PGE fían la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público al aumento de la inflación, pero el incremento de los precios no repercute en los salarios de los empleados públicos, ni en las pensiones. La previsión del Gobierno es que los precios aumenten un 1,5% en 2017, de manera que los empleados públicos perderán al menos medio punto de poder de compra y los pensionistas 1,25 puntos en 2017. Es decir, de nuevo serán los empleados públicos, los pensionistas y los desempleados con subsidios los que aporten recursos a las arcas públicas para que el Gobierno cumpla con sus compromisos con Bruselas, compromisos que dilapidan el bienestar y los derechos de los ciudadanos y trabajadores de nuestro país, y que suponen un nuevo ajuste fiscal este año de 1,2 puntos de PIB, es decir, unos 10.200 millones de euros, para tratar de rebajar el déficit público del 4,3 % del PIB en 2016 al 3,1% en 2017.

Se mantiene el déficit de la Seguridad Social

En este sentido, es especialmente grave que, por séptimo año consecutivo, se mantenga el déficit de la Seguridad Social, que se reduzca la dotación presupuestaria para el sistema de protección a los parados cuando la cobertura de la prestación por desempleo ha caído desde el 71% en 2011 hasta el 55% actual, o que se recorten las inversiones en infraestructuras que podrían contribuir a la modernización del sistema productivo y al crecimiento.

Tampoco se apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, porque las cuentas del Estado permanecen invariables en relación al año anterior y esta partida ha descendido un 37,50% desde que gobierna el PP, lo que demuestra lo poco que le importan estos temas al Gobierno.

Los PGE consolidan la precariedad del empleo juvenil y obstaculiza la emancipación de este colectivo. Con una partida de empleo que recorta el gasto un 4,8% respecto al año anterior y una disminución del programa de vivienda un 20,6%, el Gobierno está condenando a los jóvenes a la pobreza o al exilio.

Menos recursos para el empleo

El recorte en empleo es del 4,8%, intensificando la precarización que estas políticas han sufrido en España en los últimos años. Un descenso que se acumula a los de años anteriores y deriva en una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38,5% entre 2010 y 2017. Por un lado, la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 18.318 millones de euros, un 7,6% menos que en los PGE 2016, en una situación en la que más de 3,7 millones de personas están en paro, la tasa de cobertura no logra subir del 56% y casi 6 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año. Por otro lado, el presupuesto de fomento de la inserción y la estabilidad laboral, que aglutina las partidas de políticas activas de empleo, se dotará de 5.487 millones, un 6% más que en 2016, pero cuyo ascenso no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo. El aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación.

La caída del gasto total en 2017, frente a 2016, tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo, que se reducen en 1,5 millones de euros. Entre otras, descienden las partidas de prestaciones contributivas (-6,5%), subsidios (-14,2%), Renta Activa de Inserción (-23,9%) y Programa de Activación para el Empleo (-20%).

Sin cambio de modelo productivo ni apoyo al medio ambiente

La política de industria y energía contará en 2017 con unos recursos de 5.445 millones de euros, es decir, mantiene niveles similares a los del ejercicio anterior y el gasto concreto en industria se recorta en 11 millones de euros, es decir, un 0,2% menos que en el 2016. En 2017, para reconversión y reindustrialización se destinarán 875 millones de euros (un 3,6% más que en 2016) y el programa de desarrollo industrial dispondrá de 25 millones de euros.

El presupuesto del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para 2017 se sitúa en 9.480,5 millones de euros, 285 millones de euros menos (un 3%) que en 2016. las partidas presupuestarias destinados a las políticas medioambientales se vean recortadas, afectando entre otros programas a la gestión e infraestructuras del agua (-9%), la calidad del agua (-12%), protección y mejora del Medio Ambiente (-10%) y del Medio Natural (-13%), actuación en la costa (-6%) y actuaciones para la prevención de la contaminación y el Cambio Climático (-46%).

Sanidad, recorte del 51% en seis años

El presupuesto para sanidad (incluyendo el correspondiente a la Administración General de la Sanidad; los hospitales, servicios asistenciales y centros de salud; y las acciones públicas relativas a la salud) asciende a un total de 4.093 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al año anterior y una pérdida del 3,8%, en comparación con 2011, último año previo a la reforma sanitaria de 2012, cuyo objetivo fundamental fue la reducción del gasto sanitario público.

Mientras el Gobierno prevé un incremento del PIB nominal para 2017 del 4,2%, el incremento del presupuesto para la Sanidad crece sólo un 2,3%  (un poco más de la mitad de lo que crecerá la riqueza del país), por lo que la sanidad, no sólo no recupera el presupuesto perdido a lo largo de los últimos cinco años, sino que sigue perdiendo importancia entre las prioridades políticas.

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y de sus organismos autónomos de carácter sanitario (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y Organización Nacional de Trasplantes) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para 2017, asciende a 172 millones de euros. Esto supone un 2,1% más que en 2016 (168 millones), pero un 51% menos con respecto a 2011 (350 millones, incluyendo presupuestos de Investigación Sanitaria), año que tomamos de referencia, por ser el último antes de producirse la reforma sanitaria de 2012.