​UGT defiende una mayor dotación presupuestaria para abordar los retos industriales y energéticos en nuestro país, que redundarían en un mejor modelo productivo y social en España. En este sentido, critica los PGE 2017 porque no son coherentes  con la necesidad de acometer políticas de reindustrialización y de revertir la continua pérdida de peso de la industria en nuestra economía (el gasto en industria incluso se recorta en 11 millones de euros, un 0,2% menos respecto a 2016). El sindicato considera que es necesario un mayor esfuerzo presupuestario para relanzar la I+D+i (la propia Comisión Europea ha alertado del grave estancamiento de las inversiones en este ámbito y sobre la drástica reducción de empresas innovadoras) y demanda una política energética acorde con el nuevo modelo industrial que necesita nuestro país y capaz de abordar los problemas sociales derivados de los incrementos de precios y la pobreza energética.

Aunque el Gobierno recalca que el objetivo de la política industrial es aumentar el peso de una industria fuerte, potente, competitiva y generadora de empleo en nuestra economía, lo cierto es que la política de Industria y Energía contará en 2017 con unos recursos de 5.445 millones de euros, es decir, mantiene niveles similares a los del ejercicio anterior y el gasto concreto en  industria se recorta en 11 millones de euros, es decir, un 0,2% menos que en el 2016.

Un presupuesto que no es coherente con la necesidad de acometer políticas de reindustrialización y de revertir “la continua pérdida de peso relativo de la industria española respecto al Valor Añadido Bruto de nuestra economía” tal y como señala el Ejecutivo cuando explica los PGE de Industria y Energía.

En 2017, para reconversión y reindustrialización se destinarán 875 millones de euros (un 3,6% más que en 2016) y el programa de desarrollo industrial dispondrá de 25 millones de euros. Sin embargo, el presupuesto resulta insuficiente si se pretende realmente conseguir que “el sector industrial aumente su contribución al Producto Interior Bruto, actuando como motor de crecimiento y de generación de empleo, mediante incentivos a la realización de inversiones punteras que sitúen a las empresas que las realicen en las mejores condiciones para competir”, tal y como dice el Ejecutivo.

Plan Estratégico por la Industria

UGT considera que el fortalecimiento del sector industrial de nuestro país requiere de un verdadero Plan Estratégico, con continuidad en el tiempo, en el que se actuaciones horizontales en materias de política industrial, pero también políticas que garanticen el correcto desarrollo de las industrias, incluyendo actuaciones en materia de infraestructuras, política energética, suministros y servicios a empresas industriales, formación profesional, fiscalidad, financiación y empleo. Es decir, una política integral dirigida a modificar nuestro modelo de crecimiento, incrementando el peso de los sectores industriales. Y con estos PGE 2017 no vamos en la buena dirección.

Hasta la Comisión Europea, en el Informe País 2017, ha alertado de los graves estancamientos, cuando no retrocesos, en relación con la productividad, la inversión en I+D+i (tanto pública como privada), o la drástica reducción de empresas innovadoras. Esto constata lo limitado y vulnerable que sigue siendo nuestro sistema productivo, en general, y nuestra industria, en particular.

Para UGT, deben reforzarse todas las políticas relacionadas con este cambio de modelo productivo. Políticas como la inversión en I+D+i que dispone de 6.049 millones de euros este año en los PGE 2017 (apenas un 4% más que el año anterior). Políticas que permitan pasar de un modelo de competencia basado, de forma mayoritaria,  en la reducción de costes y precios, a otro orientado hacia la innovación, la inversión productiva, los productos y servicios de mayor valor añadido y la calidad del empleo.

Y es que España necesita fomentar cambios en la composición sectorial de la actividad económica y el empleo, potenciando la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de otros emergentes, y desarrollar medidas que permitan incorporar la Industria 4.0 a nuestro tejido productivo, lo que resulta urgente e imprescindible.

Política energética

Este nuevo modelo industrial debe ir acompañado de una política energética que aborde los problemas sociales derivados de los incrementos de precios y la pobreza energética. En este sentido, es precisa una Ley contra la Pobreza Energética que establezca medidas para reducir sus causas estructurales y garantice el acceso a la energía a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, es necesario potenciar las  energías renovables para poder cumplir con los objetivos europeos a través de subastas que incluyen equilibradamente a las diferentes tecnologías y que respeten la planificación aprobada en el plan de energías renovables, así como eliminar las trabas técnicas, económicas y administrativas al desarrollo del autoconsumo.

Urge, también, establecer instrumentos para la planificación de la movilidad sostenible, a través de una ley específica, y poner en marcha medidas para un cambio modal que fomente el transporte ferroviario y los modos sostenibles. Los 50 millones de euros presupuestados al efecto para 2017, tampoco son suficientes para lograr este objetivo.

Además, España necesita una ley de cambio climático y transición energética, que ofrezca predictibilidad y seguridad a las empresas españolas para avanzar hacia la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables y la implementación de medidas de eficiencia energética en todos los sectores.