Cientos de funcionarios de trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias, convocadas por UGT, CCOO y Acaip, se han encadenado en la calle Alcalá de Madrid para visibilizar los problemas del colectivo. Los tres sindicatos llevan meses reclamando por distintos medios una negociación real para solucionar la decadencia de las condiciones laborales.

 

Han advertido que si el Gobierno no se sienta a negociar, convocarán una huelga general a nivel nacional el 24 de abril.

 

Antonio González, responsable del Sindicato de Prisiones de UGT, es contundente: "Los profesionales de instituciones penintenciarias estamos en pie de guerra porque la administración vulnera el derecho a la negociación colectiva con los legítimos representantes de los trabajadores. Ya tuvimos una gran manifestación en la que 10.000 trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias tomamos las calles de Madrid. Hemos estado cinco años sin concurso de traslados, sin carrera profesional... tenemos un déficit anacrónico y endémico de personal; un 15% de las plazas están sin cubrir. Estados además muy mal retruidos, padecemos brecha salarial, dependiendo de dónde trabajes puedes cobrra entre 300 y 700 euros menos. Somos un servicio público destinado a reinsertar a personas privadas de libertad, y esto en un mandato constitucional: la administración mira para otro lado y da comienzo a la privatización de limpieza o  vigilancia"

 

UGT denuncia que Instituciones Penitenciarios está sumida en una absoluta decadencia, sin personal, sin poder garantizar la vida de los internos ni la seguridad de los trabajadores, sufriendo agresiones a diario en las prisiones, mientras los responsables políticos miran para otro lado.

 

El sindicato ha señalado que no hay rumbo ni planificación en la política de tratamiento, con un abandono sistemático de las prestaciones asistenciales, con la constante privatización y deterioro de servicios en el interior y exterior de los establecimientos penitenciarios, con gestores anclados en la desidia, con una total y absoluta falta de planificación y de criterio en la política de personal, que sin duda la coloca como la peor que se recuerda en democracia. A esta situación se viene a unir a la rotunda negativa de los responsables del Ministerio a abrir ningún marco de negociación real y efectivo.
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