Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre de 2016, el empleo descendió en 19.400 personas respecto al trimestre previo, reflejando, a pesar de la campaña de navidad, el menor impulso turístico en este trimestre. Sin embargo, el empleo creció, respecto a 2015, en 413.900 personas (un 2,29%), mientras el desempleo descendió en 541.700 personas (un 11,33%) situando el número total de desempleados en 4.237.800 y reduciendo la tasa de paro hasta el 18,63%.

La recuperación económica, impulsada fundamentalmente por factores externos, está siendo acompañada de un aumento en el empleo pero hay que tener en cuenta:

1.- Que el paro, especialmente de larga duración, se ha enquistado en nuestra economía: más del 56% de las personas en paro lleva más de un año buscando empleo.

2.- Que se está produciendo un avance de la precariedad en el desempleo, con una extensión del paro estructural, una tasa de cobertura por desempleo en descenso (que deja fuera al 45% de los desempleados registrados en los Servicios Públicos de Empleo).

3.- Que se están desarrollando unas políticas de empleo, basadas en las bonificaciones a la contratación, que no están siendo efectivas a la hora de mejorar la empleabilidad de las personas, en especial de los jóvenes y de los mayores de 55 años, y

4.- Junto a todo esto, y como ponen de manifiesto las estadísticas, que el empleo creado lleva una fuerte dosis de precariedad, donde sigue enquistada la temporalidad (con una tasa del 26,5%, en ascenso), y se afianzan la parcialidad involuntaria (60,5% de las personas con contrato a tiempo parcial lo aceptan de forma involuntaria) y otras formas de subempleo.

Más de 4 millones de parados, que elevan la tasa de desempleo hasta rozar aún el 19%, son elementos que prueban la fragilidad del modelo. La crisis y la reforma laboral han dejado un rastro de precarización del mercado laboral y de los derechos de los trabajadores, produciendo un aumento de los niveles de desigualdad hasta situar a cerca del 30% de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social.

La Unión General de Trabajadores considera imprescindible otra política económica y social, centrada en las personas. Una política que reduzca el desempleo, que cree empleo de calidad y con derechos, que mejore los salarios de la población de nuestro país, para estimular el consumo y la inversión y consigamos consolidar la recuperación, en una senda de crecimiento sostenible.​​