​El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha apostado porque las recomendaciones del Pacto de Toledo "reflejen que para cualquier modificación en las leyes de la Seguridad Social haga falta una mayoría cualificada, no una mayoría absoluta de un Gobierno en un momento determinado. Es necesaria una mayoría cualificada para hacer cambios en el sistema. Si esto ocurre, sería una señal positiva en el restablecimiento de la confianza para llegar a acuerdos en esta materia". 

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha reclamado el restablecimiento del diálogo social, ya que "no se está produciendo ningún tipo de diálogo social en materia de pensiones porque el Gobierno tiene suspendidos, desde hace años, todos los procedimientos formales de participación. Saca dinero del Fondo de Reserva y ni lo comunica, ni convoca a la Comisión de Seguimiento ni a las organizaciones sindicales; piensa en habilitarse para seguir metiendo mano en este fondo por encima de los límites de manera unilateral; o nos enteramos por los medios de lo que quiere hacer en relación a los topes de las bases máximas de cotización, sin que haya convocado una mesa de diálogo social en esta materia".

"Exigimos un cambio de actitudes y comportamientos", ha manifestado. "No aceptaremos políticas de hechos consumados. No nos quedará otra que denunciarlo si no hay un cambio de actitud. No puede haber acuerdos ni consensos sin hablar de las medidas antes de adoptarlas".

Revisar los mecanismos de financiación de la Seguridad Social

Durante su intervención, Pepe Álvarez ha señalado los grandes objetivos en materia de pensiones: "superar el desequilibrio económico y financiero actual de la Seguridad Social; y revisar las medidas adoptadas fuera del Pacto de Toledo y del diálogo social en materia de pensiones en el año 2013, con una reforma que, con su unilateralidad, ha agrietado el consenso en esta materia".

"No vamos a acordar ninguna medida que perjudique y rebaje los derechos de los pensionistas actuales y futuros. El problema del sistema no es de costes, sino de ingresos. Nuestro gasto en pensiones está muy por debajo de los países de nuestro entorno. El problema es el mal funcionamiento del mercado de trabajo (que prima el despido sobre cualquier otra forma de ajuste); las políticas de austeridad, contracción de la demanda y devaluación de los salarios; y la reducción y recorte de las prestaciones por desempleo".

Por ello, ha reclamado medidas "de incidencia inmediata" para aumentar los ingresos y reducir el déficit de la Seguridad Social, como son "eliminar las bonificaciones a la contratación; pasar los costes de la gestión del sistema a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y destopar las bases máximas de cotización. Todo ello aliviará los problemas de financiación de la Seguridad Social".

Pepe Álvarez ha abogado por "financiar el sistema, además de con cotizaciones sociales, mediante impuestos; y que las pensiones de viudedad y orfandad no se saquen del sistema de Seguridad Social, porque son contributivas".

Además, ha exigido la necesidad de "restablecer el contrato de relevo a los 60 años, discutiendo las condiciones y la manera. Pero en la industria y en determinadas actividades del sector servicios se necesita que haya relevo antes de la edad legal de jubilación, que se instaurará paulatinamente en los 67 años. Por ello, también demandamos la jubilación parcial como elemento a reconsiderar para 2018".

La reforma de 2013 ni era necesaria ni es admisible

El Secretario General de UGT ha apostado también por "derogar la reforma de pensiones que el Gobierno del PP impuso unilateralmente en 2013. No puede ser que firmemos un acuerdo en esta materia en 2011, fruto del diálogo social, y a los dos años llegue otro Gobierno y rompa este acuerdo".

Esta reforma "ni era necesaria ni admisible. No solo es la peor, sino que ha sido la primera en pensiones que se ha realizado sin negociación alguna en el plano político y en el social".

En este sentido, ha señalado que esta reforma "solo busca reducir el gasto, como cree tanto UGT como la mayoría de los partidos políticos. Solo meses antes de esta reforma, todos los organismos internacionales (Comisión Europea, OCDE, etc.) habían confirmado que el gasto en pensiones en España era perfectamente sostenible".

"El Gobierno nunca justificó por qué era necesaria una nueva reforma", ha afirmado. "Pero la pretensión era reducir el gasto en pensiones, haciendo que 14 millones de pensionistas perciban la misma proporción de rentas que hoy en día reciben poco más de la mitad de ese número, produciendo un profundo empobrecimiento de los pensionistas".