Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España

La Unión General de Trabajadores considera que las medidas sobre conciliación propuestas por Ciudadanos en su programa electoral, y difundidas hoy, no constituyen ningún avance que permita mejorar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, sino más bien al contrario.

Las mujeres trabajadoras actualmente ya tienen derecho a un permiso de 16 semanas, de las cuales las seis semanas inmediatamente posteriores al parto son de uso obligatorio por la madre y las 10 restantes las puede compartir con el padre a voluntad de ella.

La equiparación progresiva del permiso de paternidad ya está contemplada, y aprobada legalmente desde 2009, sin que haya sido posible su entrada en vigor, por los sucesivos aplazamientos que el Gobierno viene realizando desde 2011 en cada uno los presupuestos generales que ha ido aprobando años tras año.

La propuesta de Ciudadanos sería 8 semanas de permiso para las madres, 8 para el padre y las diez restantes (que ahora son de titularidad de la madre) que se puedan compartir, algo que ya se puede hacer, siempre que la madre así lo decida.  Por tanto no se trata, en realidad, de una equiparación de derechos entre padres y madres como sería deseable, sino una merma del permiso de maternidad porque el padre podría reclamar esas diez semanas para sí en caso de no acuerdo.

Para poder hablar de equiparación de derechos parentales es imprescindible que tanto el permiso de maternidad como el de paternidad tengan la misma duración (16 semanas)  y lo que es más importante aún, que tengan carácter intransferible e irrenunciable, para que las empresas no pudieran poner dificultades a los padres que deseen acogerse a este derecho, tal y como sucede actualmente.

En cuanto a las diez semanas a repartir entre la madre y el padre, no  aclara si en este caso el permiso seguiría siendo retribuidos al cien por cien (tal y como sucede actualmente) o  se penalizaría en las retribuciones en caso de no reparto.  Además, seguiríamos sin resolver el problema de la falta de corresponsabilidad puesto que seguirían siendo las madres las que se tomaran estas diez semanas prácticamente en exclusiva, como ocurre ahora.

Por otra parte, tampoco aclara si estos permisos se financiarían con cotizaciones sociales derivadas del salario o se financiarían vía Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que respecta a opciones como el teletrabajo para facilitar la conciliación, hay que señalar que la misma no puede ser considerada como tal ya que por una parte no contamos  con una adecuada regulación del mismo que garantice los derechos de conciliación y por otra, la practica está demostrando que no en todos los casos es posible conciliar con esta modalidad de trabajo.

En relación con las propuestas de aumentar la cobertura de escolarización de niños de 0 a 3 años a través de subvenciones públicas para utilizar la oferta privada, nos parece la peor de las soluciones que se pueden dar a este problema de dimensión social para el que se requeriría el compromiso de creación y mantenimiento de infraestructuras púbicas suficientes, asequibles y de calidad para la atención de la enseñanza infantil, que garanticen una adecuada solución al mismo, imposible de suplir con la privatización de estos servicios otorgando subvenciones puntuales y sin garantía de accesibilidad, de cobertura de todas las necesidades existentes, ni de la calidad ni continuidad de los servicios.

Ciudadanos olvida por otra parte al resto de familiares dependientes, cuyos cuidados y atención también asumen mayoritariamente las mujeres a título gratuito, ahorrando un importante coste al erario público, cuya situación se ha visto notablemente empeorada tras las medidas de recorte de gasto publico llevadas a cabo por el gobierno del PP, que está empujando a las mujeres cada vez en mayor medida a retirarse del mercado de trabajo para poder atender estas necesidades.

En cuanto los créditos fiscales que ayuden a los padres a financiar la educación de sus hijos recién nacidos, siguiendo el modelo del Reino Unido, habría que preguntarse a que padres podría aplicárseles estos créditos, porque la realidad española, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el mercado de trabajo, sorprendería probablemente ante la inviabilidad de aplicar dichas medidas en muchos casos dada la insuficiencia de recursos económicos de estos padres, por falta de empleo o por las bajas retribuciones que perciben tras las sucesivas reformas laborales del PP. La aplicación de créditos fiscales implica partir de la presunción de ingresos (o de un nivel de ingresos) de los contribuyentes, que no se da en todos los casos, desgraciadamente.