La Unión General de Trabajadores llama a las grandes corporaciones a ser socialmente responsables en la externalización de sus servicios o en las alianzas con otras empresas, evitando así ser cómplices de la estrategia de desregulación laboral y el fraude masivo a la Seguridad Social. De igual forma, el sindicato llama a CEOE a reconsiderar su posición de dar cobijo a este tipo de empresas, que fomentan la competencia desleal hacia otras que sí cumplen con sus obligaciones legales.

En este sentido, los nuevos modelos de negocio, impulsados por las plataformas digitales, quieren romper el mercado con unas reglas que solo les favorecen a ellos, basadas en peores condiciones de trabajo, más desequilibrio social e inseguridad laboral y falta de protección entre los trabajadores y trabajadoras.

Para UGT, que estos modelos no quieran reconocer la relación laboral por cuenta ajena de las personas que trabajan en las mismas supone un elevado coste económico y social. De esta forma, el sindicato estima que el modelo de las plataformas digitales en el sector del reparto supone una pérdida de 4.000 euros de salario, al año, de media para cada trabajador, y 6.000 euros de cotizaciones a la Seguridad Social. Teniendo en cuenta el número de personas que trabajan en este sector, la Seguridad Social está dejando de ingresar unos 100 millones de euros al año, algo totalmente injustificable.

Una regulación similar a la Ley de Contratos del Sector Público

 

Por ello, UGT reclama que estas empresas cumplan el convenio del sector en el que operan, que se implemente una regulación en el sector privado similar a la Ley de Contratos del Sector Público, que expone claramente la necesidad de incorporar una visión socialmente responsable en sus contrataciones, al igual que una mayor protección de las pymes. Resulta imprescindible abandonar así la visión meramente mercantilista de la contratación, reforzando la posición de los trabajadores y trabajadoras en la misma, estableciendo obligaciones esenciales relativas a la calidad de las condiciones de empleo y de retribución, cuyo incumplimiento puede justificar la resolución del contrato, y eliminando así la posibilidad de “dumping” social mediante la precarización de condiciones laborales al establecer la obligación de respetar los convenios sectoriales.

Además, la Unión General de Trabajadores confía en que tanto las Administraciones Públicas como las empresas sean escépticas ante los argumentos de los grupos de interés de estas plataformas, que defienden el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en los sectores donde operan, o su compromiso con la creación de oportunidades de negocio, como argumenta Amazon en la respuesta pública a nuestra denuncia sobre Amazon Flex, porque esto es incompatible con la agresión de derechos o la desprotección a los trabajadores y trabajadoras que ejercen.

El sindicato considera que no se puede, ni se debe ignorar, el coste económico y social que acarrea este modelo de negocio y qué consecuencias tendría su extensión generalizada sin una regulación adecuada. Quieren romper el mercado a base de desregular, y es algo que UGT no va a consentir.