Las medidas fiscales planteadas por el Gobierno son insuficientes

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La ratio de ingresos sobre PIB bajará 1,4 puntos en 2021, según el Plan Presupuestario enviado a la UE

  • A pesar de las nuevas medidas fiscales, la ratio de ingresos sobre el PIB bajará 1,4 puntos en 2021; la obtención de nuevos recursos es una exigencia ineludible que debe concretarse en 2021 con algunas actuaciones específicas
  • Los PGE deben articular un potente plan de estímulos para extender la protección social y establecer ayudas directas a la actividad, de manera sectorial y diferenciada, a la vez que se mantienen los ERTE
  • UGT exige derogar la reforma laboral de 2012, la reforma de la negociación colectiva de ese año y la reforma de las pensiones de 2013

El Gobierno remitió ayer a la Comisión Europea el plan presupuestario correspondiente al año 2021 que, tras haberse suspendido las reglas fiscales de 2020 y 2021, sitúa el techo de gasto en niveles históricos, alcanzando los 196 mil millones de euros, hasta un 53% superior al aprobado en el mes de febrero.

Estas cuentas públicas engloban algunas partidas como las transferencias a las CCAA (13.486 millones) y a la Seguridad Social (18.396 millones), además de incorporar una parte de los fondos europeos (27.436 millones del total de los 72.000 millones de inversión previstos en los 3 años) correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un volumen de gastos que se suma a los 210.000 millones euros destinados a paliar el impacto de la pandemia en trabajadores, autónomos y empresas.

El Gobierno pronostica una caída para este año del 11,3% del PIB, con una tasa de paro de hasta del 17,1%., previsiones un poco más optimistas que las ofrecidas hace unos días por el FMI, que estima la caída del PIB en 2020 en un -12,8%. Al contabilizar el impacto de los fondos europeos, se estima que el crecimiento en 2021 pueda llegar a alcanzar el 9,8%, seguido de una ligera reducción de los niveles de desempleo (16,9%). Por su parte, se espera que el déficit público ascienda al 11,3% del PIB este año, en línea con el repunte de la deuda pública (118% del PIB). Como consecuencia, en 2021 se expone una tasa de referencia de déficit del 7,7%.

Medidas fiscales insuficientes

Parece que se elude afrontar una reforma fiscal extensa, limitándose a introducir algunas medidas puntuales que, aunque en general son positivas, resultan insuficientes. Así, se incluye una revisión de los incentivos asociados a los planes de pensiones colectivos, se introduce una nueva Ley contra el Fraude Fiscal y se incrementa el IVA al 21% en bebidas azucaradas y edulcoradas. Estas medidas se suman a la aprobación de las tasas Google y Tobin (cuyo alcance debería ser mayor) y al nuevo impulso de las figuras impositivas medioambientales. Con todo ello, a pesar de que se espere un aumento absoluto en la recaudación de hasta 33.447 millones de euros, la ratio de ingresos sobre el PIB bajará 1,4 puntos en 2021, a pesar de la enorme brecha de recaudación relativa preexistente respecto a Europa (6,3 puntos de PIB).

Por otro lado, las pensiones públicas se revalorizarán un 0,9% en 2021, en función de la evolución esperada del deflactor del PIB. Aunque con ello se intenta que las pensiones crezcan igual que los precios, y que no pierdan poder de compra, la revalorización debería hacerse en función del IPC o, en su defecto, del deflactor del consumo privado, un indicador que aproxima mucho mejor la variación de precios de consumo que el deflacto del PIB.

Por último, el gasto en prestaciones sociales y prestaciones por desempleo caerán más de 2 puntos sobre el PIB, lo cual, si bien es un comportamiento esperado por la mejora en la actividad económica y la finalización de algunas medidas aprobadas de carácter coyuntural, debe servir de alerta ante la estimada reducción de la masa salarial y la elevada tasa de desempleo existente, por lo que es fundamental no bajar la guardia en el ámbito de la protección social, y acometer medidas extraordinarias que extiendan su red de cobertura de manera inmediata.

Desterrar cualquier tentación de políticas de austeridad

A falta de un análisis más profundo, UGT destaca tres ideas fundamentales de carácter general:

1.- La prioridad de los Presupuestos que salgan de esta Plan debe ser clara: reactivar la demanda y, con ella, impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

El impacto económico de la pandemia sobre nuestro país ha sido enorme, el mayor de toda la Unión Europea, y el riesgo de depresión es elevado. En el mejor de los casos, aunque la recuperación se produzca en los próximos meses, no alcanzará ni mucho menos la intensidad del desplome, por lo que se corre el riesgo de dilatar las penurias de empresas y familias durante años. Por tanto, cualquier pretensión de vigilar la inflación, controlar el déficit o embridar la deuda en estos momentos no solo es absurda en términos económicos, sino terriblemente dañina.

Articular un plan de estímulos directos e inmediatos

Por ello, el Gobierno, a través de los PGE, debe articular un potente plan de estímulos directos e inmediatos, que debe actuar en una doble vía. De un lado, es imprescindible extender la red de protección social para que no haya nadie que pierda sus rentas de subsistencia (salarios, prestaciones, ayudas, etc.), y poder de esta manera sostener el consumo y evitar el aumento de situaciones de pobreza. De otro lado, es preciso que se establezcan ayudas directas a la actividad, de manera sectorial y diferenciada, para evitar que empresas viables quiebren, al mismo tiempo que se mantiene el apoyo al empleo (ERTE) todo el tiempo que sea necesario. Porque cualquier alternativa sería a la larga mucho más costosa en términos económicos y sociales.

2.-Las necesidades de más recursos públicos no pueden aplazarse: la reforma fiscal es esencial.

La inyección de gasto que se requiere para relanzar la economía y preservar las rentas de los hogares será enorme, y su impacto sobre el déficit público y la deuda inevitables. Desde la Unión Europea se debe dar respuesta a los mecanismos comunes para enjugar esos desequilibrios a nivel colectivo, y en su momento habrá que también que trazar un plan a nivel nacional para recuperar la estabilidad presupuestaria de largo plazo. Pero ahora no es el momento, porque debemos poner todos los recursos dedicados a lograr que la economía no se hunda de manera definitiva.

En todo caso, sí sabemos ya que ese extraordinario aporte de gasto necesita de más ingresos públicos para, al menos parcialmente, sufragarlo. España parte de una situación en la que mantiene un déficit estructural de ingresos fiscales, que se cifra en 6,3 puntos porcentuales de PIB respecto de la media de la eurozona, que supone unos 78.500 millones menos de ingresos cada año.

Necesitamos medidas fiscales con capacidad recaudatoria que deben concretarse para 2021

Por todo ello, es necesario adoptar ya las medidas adecuadas para elevar la recaudación fiscal y mejorar el reparto de esfuerzos, aumentando el realizado por quienes más renta y patrimonio tienen. El Plan Presupuestario apunta algunas, en general positivas, pero resultan insuficientes. España necesita una reforma fiscal integral que dé satisfacción a esta urgencia de recursos adicionales, y que para 2021 necesita concretarse ya en algunas actuaciones específicas.

En la situación actual no sería comprensible por la mayoría social que, por ejemplo, no se aumentaran los tipos del IRPF, se implemente una fiscalidad más elevada para los grandes patrimonios o se eleven los impuestos a las grandes empresas y a las actividades que obtienen elevados beneficios y que, en muchos casos, los han elevado con la pandemia. Igualmente, es preciso implementar una tasa a las actividades de las grandes corporaciones digitales y otra a las actividades financieras, especialmente a las más especulativas. Todo ello como anticipo imprescindible de una reforma de mayor calado, que debe negociarse en el seno del diálogo social.

3.- La construcción de un nuevo modelo de crecimiento requiere nuevos consensos: potenciar el diálogo social.

La construcción de una nueva senda de crecimiento necesita nuevos consensos para adecuar las instituciones económicas, laborales y sociales a ese nuevo futuro, más integrador, sostenible y equilibrado. En este sentido, el Gobierno debe abrir un amplio proceso de diálogo social con los interlocutores sociales que permita debatir y concretar todas las políticas concretas que articulan el armazón presupuestario y el modelo de desarrollo por el que apostamos.

Revertir reformas incompatibles con un nuevo modelo de crecimiento

Para ello, de manera previa, es preciso revertir algunos de los cambios que se hicieron en etapas anteriores de manera unilateral, y que resultan incompatibles con ese nuevo modelo de crecimiento más inclusivo y eficiente que se pretende construir. Entre ellos, es preciso que se deroguen tres reformas: la del mercado laboral de 2012, que tan sólo sirvió para alimentar la precariedad laboral en todas sus formas; la de la negociación colectiva de ese mismo año, que otorgó a las empresas un poder desmesurado que sirvió para hundir los salarios y para empeorar las condiciones laborales de miles de empresas; y la de las pensiones de 2013, que promueve una injusta e inasumible pérdida de poder de compra a las personas jubiladas que amenaza con incrementar sus niveles de pobreza y su exclusión económica y social.