Los datos del Índice del Coste Laboral Armonizado (ICLA) del segundo trimestre del año, publicado hoy por el INE, han vuelto a poner de manifiesto uno de los graves problemas de nuestra economía, que está teniendo unos efectos tremendamente dañinos: los salarios no crecen, por lo que la mayoría de las familias siguen perdiendo poder de compra y tienen que tirar de sus ahorros para hacer frente a los gastos cotidianos. Una situación insostenible que está frenando la capacidad de crecimiento de la economía y del empleo, y que está empobreciendo a mayoría de la sociedad. Sigue sin haber recuperación para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, mientras las empresas ya obtienen grandes beneficios. UGT está desarrollando la campaña #PonteA100 para reivindicar salarios no inferiores a 1.000 euros.

Más allá de los datos trimestrales brutos que recoge el Índice (que reflejan una gran variabilidad debido a la variación en el número de horas trabajadas cada trimestre por cuestiones de calendario, como el impacto de la Semana Santa en este caso, o por factores relacionados con la estacionalidad de las actividades) cabe fijarse en los datos que corrigen estas circunstancias. Y ellos muestran que el coste salarial por hora efectiva de trabajo solo creció en el segundo trimestre un 0,5% respecto a los existentes un año antes. Y el coste laboral total que pagan las empresas por hora aumentó incluso menos, un 0,4%.

Si se tiene en cuenta la media de lo sucedido en los últimos cuatro trimestres, los salarios por hora han aumentado solo un 0,3%, y los costes laborales totales un 0,2%. Es decir, prácticamente han estado congelados. Esta es la realidad: los sueldos no suben, a pesar de que el PIB crece por encima del 3%, y que los precios de consumo (los que paga el ciudadano) han aumentado en el último año un 2,3%. Puesto que el resto de costes que tienen las empresas distintos de los laborales (energéticos, financieros, materias primas, etc.) tampoco han sufrido aumentos reseñables (más bien lo contrario), la conclusión es evidente: las empresas están elevando sus beneficios a través del amento de los precios, aprovechando la mayor demanda existente, mientras que niegan aumentos salariales dignos a sus trabajadores y trabajadoras.

Según los datos del ICLA por ramas de actividad, los salarios por hora de más de un tercio de las trabajadoras y los trabajadores (36%) han caído en el último año (5,2 millones de asalariados). Otro 8,5 millones de trabajadores (el 59%) han visto aumentar algo sus sueldos, pero por debajo del IPC, con lo que han perdido capacidad adquisitiva. Y solo el 6% (809.000 trabajadores) han visto aumentar sus salarios por encima de los precios.

Las empresas pueden pagar salarios más elevados, más coherentes con la buena situación de sus negocios, pero no quieren. Y no lo hacen amparándose en el extraordinario poder discrecional que les ha concedido la reforma laboral que impuso este Gobierno en 2012. Quieren seguir aumentando sus beneficios a base de estrangular las rentas de los asalariados y asalariadas, bajando los costes laborales, en lugar de mejorar la productividad y la calidad de sus productos. Quieren competir con mano de obra barata y precaria.

Pero esta situación no es ni sostenible ni justa, y debe terminar. Por eso los convenios deben recoger aumentos salariales superiores al IPC (que se prevé que sea del 2% al finalizar el año), para que los trabajadores y las trabajadoras ganen poder de compra.

Además, los salarios más bajos deben crecer más, para erradicar las situaciones de pobreza que ha provocado la degradación de las relaciones laborales derivadas de la aplicación de las últimas reformas laborales, y que ha favorecido una intensa devaluación salarial desde 2009. Por eso desde UGT estamos promoviendo la campaña #PonteA1000, para reivindicar que ningún salario de convenio sea inferior a 1.000 euros al mes. Una reivindicación justa que pensamos trasladar tanto a la negociación con las organizaciones empresariales en el diálogo social como a la negociación colectiva de cada ámbito.