​Mientras nos encontramos en la vicisitud de formar gobierno, y España incumple con los objetivos de déficit impuestos por Europa; Bruselas impone de nuevo duros recortes, dos años más de austeridad y ajustes que, una vez más, pagarán los ciudadanos y las ciudadanas. La lucha de años para conseguir y mantener el Estado de Bienestar, parece haberse convertido en el punto de mira de este gobierno a la hora de cumplir con los recortes impuestos… Y mientras, los ciudadanos continúan en una inquietante situación, donde la virulencia de la crisis perjudica con más ahínco a los que menos tienen.

Los datos son alarmantes. Las personas en situación de pobreza severa, lejos de reducirse, ha aumentado en 400.000 personas. Es decir, 3,2 millones de ciudadanas y ciudadanos de este país viven con menos de 332 euros al mes; hay 1.610.900 hogares con todos sus miembros en paro, y 719.100 hogares no perciben ningún tipo de ingreso.

Paradójicamente, y a pesar de esta situación, desciende la cobertura de las prestaciones. Las del desempleo han caído en los últimos años 25 puntos y protegen a menos del 53% de los parados. Por su parte, la protección asistencial y residual, que proporcionan las rentas mínimas de inserción (RMI) de carácter autonómico, alcanza apenas al 6% de la población.

Con las tasas de cobertura existentes, nos encontramos personas que han agotado todas sus prestaciones, que se quedan sin ningún tipo de ingreso para seguir subsistiendo, y actualmente no se les está dando una respuesta. Esta situación de alarma social nos hace cuestionar los niveles de protección de nuestro sistema de protección social y su respuesta ante las necesidades de la ciudadanía, apremiando una intervención pública.

Al Estado le corresponde, dentro de su función redistributiva, intervenir en la economía con el objetivo de cambiar la distribución de la renta, conforme a los principios de solidaridad e igualdad social. Entre esta cobertura se encuentra la protección a las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos suficientes, a través de nuestro sistema de la Seguridad Social, como un instrumento de prevención de la pobreza.

Ésta debe ser la prioridad: evitar que no existan ciudadanos en este país que no tengan ningún tipo de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades básicas, por lo que se torna imprescindible la creación de una nueva prestación de carácter estatal que atienda a todas estas situaciones, que asegure los recursos mínimos de los ciudadanos para atender las necesidades esenciales.

Es imprescindible que el nuevo Gobierno ponga en marcha la Iniciativa Legislativa Popular que hemos presentado, y cuyas firmas ya están en el Parlamento, para una Prestación de Ingresos Mínimos. De tal forma que esta prestación, amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y garantice unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales a las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí y, en su caso, para los familiares a su cargo. La Prestación de Ingresos Mínimos se deberá configurar como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no contributivo de la Seguridad Social, debiendo de garantizarse la financiación vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Es hora de fortalecer el Estado de Bienestar. Es hora de rescatar a las personas.