​En este año, en el que se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes,  no puedo dejar de hacer una similitud entre el  “caballero de la triste figura, con el semblante, que ofrece en nuestro país, la protección a la dependencia.

La crisis que estamos viviendo ha diezmado nuestro sistema de protección social, pero especialmente la protección a la dependencia. Una protección que para muchos de nuestros dependientes y sus familias se ha convertido en una parodia.

El Gobierno del PP ha modificado sistemática y unilateralmente una ley que fue fruto del diálogo social y cuyo objetivo es ampliar la acción protectora del Estado y del Sistema de la Seguridad Social, garantizando a los ciudadanos y ciudadanas recursos y servicios de atención y cuidados para aquellas personas que lo necesitan. Pero este derecho social ha quedado desvirtuado por los continuos recortes: se han reducido las cantidades económicas que habría que abonar a los beneficiarios, ha bajado la intensidad de las prestaciones, se ha eliminado el nivel acordado del sistema de financiación, se ha revisado la prestación económica de cuidados en el entorno familiar,  más de 140.000 cuidadores han dejado de cotizar a la Seguridad Social (por la suspensión del convenio especial) y se ha incrementado el copago en las prestaciones.

UGT ha manifestado, en muchas ocasiones, su descontento en la gestión de esta ley, tanto a nivel estatal como autonómico, y la falta de voluntad política para implantar, con celeridad, un sistema de calidad que ofrezca una cobertura suficiente, tanto a los dependientes moderados como a las grandes dependencias, y la prevención de la misma. Y lo más importante, que la persona esté íntegramente atendida, a través de servicios de calidad y por profesionales del sector, cumpliendo los principios inspiradores de la ley.

Sin embargo, los recortes económicos han entorpecido el desarrollo de esta ley. Ha primado el ahorro presupuestario por encima de los derechos sociales:

Así, las reformas efectuadas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lideradas por el RD 20/2012, han supuesto el declive de la protección a las personas en situación de dependencia. Con él se instauró una oleada de recortes en la financiación del sistema, a través de los Presupuestos Generales del Estado, que rondan cerca de los 2.000 millones de euros. Lo que repercute directamente en las personas dependientes y sus familias, que se ven abocadas a costear y hacerse cargo de los cuidados de sus familiares dependientes.

A la pérdida sucesiva de financiación del sistema se unió, en detrimento de la calidad de la atención, una reducción de las prestaciones de carácter económico, la intensidad de los servicios y el descenso de las horas de atención y cuidado que brindan los servicios; aumentando la aportación del beneficiario al sistema. Se paga más para una cobertura más deficiente.

Las actuales cifras del sistema son engañosas, ya que, si bien el número de personas que están siendo atendidas se ha incrementado paulatinamente, debido principalmente a la entrada en el sistema de los dependientes moderados, es preocupante que todavía, tras más de 10 años de andadura de este sistema, éste aún no haya atendido a las personas que se encuentran en situación de dependencia y que llevan tiempo esperando su inclusión en el sistema. Según los últimos datos publicados, más de 380.000 personas con una dependencia reconocida aún están esperando que les sea adjudicado un servicio y empezar a cobrar una prestación, es decir hay un 32% de dependientes reconocidos en lista de espera. ¿Cuánto más tienen o pueden esperar?

Es preciso incrementar los servicios y prestaciones del catálogo del SAAD y su intensidad, gestionados por el sector público, y garantizar que la atención y cuidados que esta ley se dispense a los beneficiarios de forma integral, asegurando la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo.
Una de las prioridades que debe tener el próximo gobierno y el Parlamento, en la próxima legislatura,  debería ser derogar el Decreto-ley 20/2012 en aquellos aspectos que modificaron el sistema de protección a la dependencia, garantizando su financiación acorde con el coste real, para que la cobertura sea suficiente y de calidad.

Asimismo, es necesario potenciar la coordinación en la gestión de la dependencia entre todas las administraciones; y otorgar mayor celeridad a todo el procedimiento de valoración, a la gestión de los trámites en el reconocimiento de la situación de dependencia y en la adjudicación, en el menor tiempo posible, de un servicio o una prestación al usuario.