​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha afirmado que la reforma de las pensiones de 2013 del Gobierno del PP, con el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, "está produciendo una gran merma del poder adquisitivo de los pensionistas y va a producir un empobrecimiento de los mismos en el futuro. De hecho, con esta reforma, se va a producir una pérdida en la pensión que podría situarse en el entorno de los 10 puntos en una década y una cuantía equivalente al 48% del salario, frente al 81% actual".

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la XXIII Jornada del Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, donde ha señalado que "la subida de las pensiones con el IPC debería ser un derecho esencial del Pacto de Toledo. Esta reforma ha incrementado las pensiones tan solo un 0,25% durante 2016 y 2017, cuando la inflación en nuestro país fue del 1,5% en 2016 y del 1,1% en 2017".

Por ello, "UGT ha acudido a los tribunales para solicitar la nulidad de la subida del 0,25% e intentar paliar la tremenda discriminación que supone que las pensiones solo suban eso cuando el Gobierno presume del crecimiento del PIB al 3% por cuarto año consecutivo".

Hay que gastar más en pensiones y dejar de lado las medidas electoralistas

Mari Carmen Barrera ha recordado que nuestro país "solo gasta un 12% del PIB en pensiones, cuando los países de nuestro entorno tienen un gasto del 15%, lo que está condenando a nuestros pensionistas presentes y futuros a una merma de poder adquisitivo. Hay que gastar más, aportar más recursos, no solo por la vía de las cotizaciones, sino de los impuestos, para poder afianzar un sistema público de pensiones estable y sin déficit".

En este sentido, ha considerado que las medidas anunciadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "ningunean a nuestros pensionistas, al ser medidas claramente puntuales, prácticamente irrelevantes, discriminatorias al beneficiar solo a una parte del colectivo, crecen de sentido de Estado y parecen diseñadas exclusivamente de cara a una perspectiva puramente electoral".

Medidas que están respaldadas por organismos internacionales, como la OCDE o el FMI, "que están generando climas de opinión favorables a sistemas complementarios de pensiones para reformar el sistema público. Primero hay que asegurar, con recursos públicos, la Seguridad Social, que es uno de los principales activos de nuestro sistema de protección social, de distribución equitativa de la renta y de amortiguación social en épocas de crisis, y después ya será el momento de hablar de los sistemas complementarios de pensiones".

Sistemas que, por cierto, "no ha quedado demostrado que funcionen en un modelo como el español y que, sin embargo, han quedado retratados ya en otros países, como Chile", ha sentenciado.

Extracto de la intervención de Mari Carmen Barrera