La entrada en vigor de medidas aprobadas por la LOMCE como el RD de reválidas, uno de los elementos más rechazados de la ley educativa, y la persistencia de recortes marca el inicio del curso 2016-2017.

En el presente curso se inicia la implantación de la LOMCE en 2º, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, afectando alrededor de 1.400.000 y 63.000 alumnos/as respectivamente. Como cabía esperar, la implantación de la LOMCE en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato ha hecho mella en determinadas especialidades. Las más afectadas por la reducción de horas en los currículos son las de Dibujo, Tecnología y Filosofía.  

La entrada en vigor del RD de reválidas de estas etapas, publicado el pasado 31 de julio, ha generado un rechazo mayoritario de gran parte de la comunidad educativa en casi todas las comunidades autónomas. Una medida que puede dejar fuera del sistema educativo a alumnos con cuatro cursos aprobados en Secundaria y/o dificultar el acceso a estudios superiores.

El gobierno en funciones sigue reduciendo la inversión en educación y los efectos de dichos recortes son palpables en este inicio de curso. Tal como viene sucediendo en los últimos años las noticias escolares de inicio de curso corroboran las deficiencias que sufre la educación: el aumento de las ratios y del horario lectivo del profesorado, el retraso en la cobertura de las sustituciones, la pérdida de puestos de trabajo en los centros docentes, la supresión de becas y ayudas de libros y comedores, la disminución de recursos para el funcionamiento de los centros, la disminución de proyectos de atención a la diversidad, además de la falta de inversión en infraestructuras y materiales escolares, son solo una pequeña muestra de las medidas de ajuste a las que se está sometiendo al sistema educativo y al funcionamiento de los centros.

No hay que olvidar que en los últimos años se han ido acumulando pérdidas de docentes, alrededor de 50.000 en la enseñanza pública por la reducción de profesorado interino, por la reducción de plantillas en los centros, por la supresión de apoyos y programas educativos, por la disminución de las Ofertas de Empleo Público y la no cobertura de las jubilaciones y las bajas médicas entre otras causas.

Hay que destacar la precaria situación del profesorado interino en la inmensa mayoría de las CCAA como los despedidos del sistema, los que suportan el retraso de su contratación y los que malviven con contratos parciales, por horas, itinerancias, etc. Lo más negativo es el progresivo y preocupante incremento de las jornadas parciales, estas nacieron como algo absolutamente excepcional; sin embargo en estos momentos supone prácticamente un tercio del total del empleo. Un tipo de contrato que impide la atención a la diversidad y sólo responde a un criterio economicista. El porcentaje de interinidad supera el 25% en muchas CC.AA lo que consideramos muy lesivo para la necesaria y deseable estabilidad en el empleo del profesorado.

El sector de Enseñanza de FeSP-UGT denuncia que las propuestas de las administraciones educativas están socavando la igualdad de oportunidades al encarecer los servicios complementarios, los servicios de comedor y transporte y la disminución de las becas y ayudas para el estudio destinadas a las familias económicamente más desfavorecidas. Del mismo modo, las condiciones sociolaborales de los trabajadores/as de la enseñanza empeoran año tras año: perdida del poder adquisitivo, restricciones en la formación permanente, incremento de carga lectiva y ratios, penalización por bajas médicas, supresiones y desplazamientos del puesto de trabajo, son solo algunas muestras de las dificultades con las que se encuentra el profesorado.

UGT impulsará las medidas de presión que considere oportunas para exigir que la educación sea considerada una prioridad, y luchará para que se reviertan los recortes y para que los profesionales del sector de la enseñanza recuperen los derechos que con este Gobierno se han perdido. Además el sindicato reclama a los partidos políticos que se comprometieron con la comunidad educativa a retirar la LOMCE a seguir adelante con ello de forma urgente. No obstante, sin perder de vista la derogación de la norma, la educación de nuestro país exige mientras tanto, medidas concretas que contrarresten los efectos que está generando la LOMCE en todas las etapas educativas.