UGT urge al gobierno a renovar y revisar las medidas tomadas en el RDL 6/2022, de 29 de marzo, actuando en aspectos clave como frenar la inflación y contener los precios, proteger a las familias y a las personas trabajadoras, así como garantizar el empleo.

El Plan Nacional de medidas urgentes tomadas a finales de marzo por el gobierno de España en respuesta a las consecuencias de la invasión de Ucrania finaliza el 30 de junio. Su efecto ha sido limitado, teniendo en cuenta que la situación macroeconómica sigue siendo de elevada incertidumbre, con amenaza de una inflación persistente que puede provocar desaceleración de la actividad económica y frenar la creación de empleo que tan buenos resultados está dando desde la aprobación de la reforma laboral.  Los asalariados han visto como su renta real ha caído y su capacidad de consumo se ha reducido significativamente, aumentando las tensiones sociales y laborales, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea (las huelgas se han incrementado en todo el continente y todos los sectores de actividad económica).

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras, considera que a pesar de las medidas tomadas por el gobierno de España a finales de marzo de este año, en coordinación con la Comisión Europea, la inflación ha seguido subiendo hasta unos niveles excesivos, las expectativas de crecimiento económico están todas siendo revisadas hacia la baja y la inestabilidad macroeconómica se ha acentuado. Ante dicha coyuntura volátil, las Autoridades Monetarias Europeas están reaccionado con anuncios de incrementos de los tipos de interés, lo que podría desencadenar en una mayor desaceleración de la actividad económica y, además, puede provocar una desestabilización de la Unión Monetaria por los efectos asimétricos de la política de austeridad monetaria sobre la prima de riesgo de los países socios del Euro y el consecuente incremento del coste financiero de la deuda pública de nuestro país.

En ese contexto de mayor incertidumbre y la tímida ejecución del Plan Nacional en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, el gobierno debe renovar y revisar las medidas tomadas en el RDL 6/2022, de 29 de marzo, actuando, preferentemente en, por lo menos, cuatro frentes:

1. Convocar la mesa de Diálogo Social, en la que los interlocutores sociales puedan contribuir, como ocurrió en el periodo COVID, a adoptar las medidas necesarias para combatir la escalada inflacionista al mismo tiempo que se protege el poder de compra de los salarios.
2. Revisar y fortalecer los mecanismos distributivos:
   
   1. Mantener la protección del empleo de las personas trabajadoras, especialmente en aquellas empresas que se acojan a las ayudas que se prevén en los planes gubernamentales.
   2. Mantener las limitaciones en materia de incremento de los alquileres de vivienda;
   3. Mantener el bono social eléctrico;
   4. Incrementar el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Mínimo según el incremento del IPC de los últimos 12 meses y crear mecanismos de garantía salarial que mantengan el poder de compra de las personas trabajadoras. 
3. Revisar y fortalecer las medidas favorables al mantenimiento de la actividad económica y del empleo; 
   
   1. Sostener el empleo a través de las figuras creadas y potenciadas en la reforma laboral, los ERTEs y, en su caso, activación del mecanismo RED ya sea en su modalidad cíclica o sectorial. 
   2. Mantener y fortalecer las líneas de avales de crédito del ICO, sujetándolo a la obligatoriedad de crear o mantener el empleo con contrato fijo en la empresa en el momento de tomar el aval; 
   3. Fortalecer el ICO como institución de crédito a las PYMES (España es uno de los pocos países desarrollados de la UE que no cuenta con un Banco Público de Desarrollo);
   4. Mantener los impulsos a los diferentes sectores de actividad económica contemplados en el Plan Nacional, fomentando el empleo indefinido que se recoge en la reforma laboral de 2021.
4. Introducir mecanismos más eficaces de control de precios de la energía y combustibles:
   
   1. Intervención directa en el mercado eléctrico y de combustibles. La regulación actual del mercado energético y de combustibles en el contexto de la UE tiene sentido y seguramente ofrece beneficios sociales en situaciones normales de funcionamiento del mercado, es decir, sin factores externos que incidan sobre el libre juego de las fuerzas de mercado. Actualmente, sin embargo, el contexto económico es excepcional, el precio está determinado por unas circunstancias especiales que requieren una intervención directa de las Autoridades competentes para evitar el abuso de poder dominantes de las empresas. 
   2. Garantizar el suministro eléctrico, a las familias más vulnerables y estabilidad de precios;
   3. Mantener la contención de precios en el mercado del alquiler y las medidas antideshaucios

Por ello, desde UGT creemos que sin un Plan Nacional de medidas urgentes más audaz en lo social y en lo laboral, que tenga en cuenta por lo menos algunas de las medidas propuestas en ese documento, las tensiones sociales y laborales se van a incrementar en nuestro país. Los trabajadores se sienten frustrados después de las penurias pasadas durante la crisis COVID y, ahora, sienten que otra vez tienen que cargar con todo el coste de la inflación asumiendo pérdidas de renta y restricciones en su capacidad de consumo. Hay una gran probabilidad de que esa atmosfera se traslade a las calles y a los puestos de trabajo, degenerando el ambiente de paz social existente, basado en el Dialogo Social, en un conflicto sociolaboral de consecuencias imprevisibles.