“Ya hemos sufrido suficientes recortes de derechos sociales y laborales en los últimos años como para avalar uno más. No se nos puede atemorizar con una nueva norma que menoscaba incluso el derecho a la salud. Una norma que prioriza la gestión económica por encima de la dignidad de las personas”.

 

Marisa Rufino ha resaltado que este proyecto de ley se ha presentado sin contar con las organizaciones sindicales. “Lamentamos que, a pesar de la trascendencia de esta norma, no haya habido consulta ni negociación, sobre todo cuando ya se habían alcanzado consensos básicos en esta materia en el Consejo Económico y Social (CES) y más aún cuando los interlocutores sociales hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para alcanzar diferentes acuerdos, también en esta materia”.

 

En este sentido, el Gobierno pretende “de nuevo, imponer una ley que ha generado el rechazo de todas las partes, como ya sucedió con la ley del aborto. Pero están aún a tiempo de retirarlo”.

 

Además, “no se plantea la participación de los trabajadores y sus representantes en la elección de la Mutua o en la elección de facultativo, con lo que los beneficiarios de los servicios no tenemos nada que decir al respecto. Incluso, menoscaba la participación sindical en los órganos de control y seguimiento, así como en las comisiones de prestaciones especiales, como si molestásemos”.

 

En relación con el proyecto presentado, Marisa Rufino ha considerado que “sitúa la gestión privada en una posición dominante sobre la pública, algo paradójico teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones en que la Seguridad Social se ha visto obligada a sancionar a las Mutuas por la “incorrecta gestión” de los recursos públicos”.

 

“Lejos de pretender mejorar, clarificar, evitar y no repetir los errores cometidos, viene a premiar esta cuestionable gestión, con un aumento de sus competencias presentes y dejando en el horizonte un aumento de sus competencias en el futuro”. Por ello, la Unión General de Trabajadores viene solicitando informes continuos y completos de la situación económica de cada Mutua.

 

 Para la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, “el Gobierno se ha olvidado del carácter social de la Seguridad Social, atacando al sistema público sanitario y permitiendo la privatización de la asistencia sanitaria de los trabajadores”.

 

Además, el Ejecutivo “pretende modificar la regulación de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes, algo que evidentemente rechazamos, ya que la protección social del trabajador en situación de Incapacidad Temporal no puede estar en manos del empresario, ya que el conflicto de intereses es incompatible con esta gestión de servicios”.

 

En este sentido, “no parece lógico que las decisiones sobre la reinserción y recuperación de la salud de los trabajadores, por causas ajenas al trabajo, se ponga en manos de “asociaciones privadas de empresarios”.

 

Marisa Rufino ha destacada también otras dos medidas recogidas en este proyecto de Ley que tienen un impacto negativo sobre los trabajadores: posibilitar el control de las mutuas desde el primer día de baja, “algo que tiene como único objetivo reducir la prestación económica que desde el cuarto hasta el decimoquinto día le corresponde abonar al empresario”; y la segunda reforzar las propuestas de alta de las mutuas, “acortando los plazos de contestación y eliminando el plazo de diez días que tenía el facultativo para emitir un informe, algo que va a conseguir lo contrario, que las no contestaciones en plazo se incrementen”.

 

Por todo ello, desde UGT se ha rechazado este proyecto, que “supone un nuevo recorte para los derechos de los trabajadores que no corrige la falta de transparencia en la gestión de las mutuas, que menoscaba la participación sindical en el control y seguimiento de las mismas y que supone una privatización parcial del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público de Salud”.