​La Unión General de Trabajadores considera que el proyecto de modificación de la Ley de Montes supone un importante retroceso en la protección y gestión de los ecosistemas forestales.

El sindicato señala que la ley simplifica trámites administrativos para la explotación forestal y suprime la obligación de contar con instrumentos de gestión en montes que no han sido catalogados, lo que implica debilitar las garantías de aprovechamientos forestales basados en la correcta ordenación y planificación forestal. Asegurar la gestión sostenible de los montes favorece la conservación de la biodiversidad así como la creación de empleo y el desarrollo del medio rural. 

En una jornada sobre la Ley de Montes organizada por el sindicato, cuyo último texto fue aprobado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo y se encuentra en tramitación en el Senado, expertos en derecho ambiental, agentes forestales, ecologistas, trabajadores y representantes sindicales del sector forestal han debatido sobre la reforma de esta ley, señalando, entre otras cuestiones, que el texto permite la recalificación de terrenos incendiados por motivos de interés público, modificando así la prohibición de cambio de uso durante 30 años, que establece el texto actual para este tipo de suelos, con el fin de evitar riesgos de incendios provocados por especulación urbanística.

Además, respecto a la figura de los Agentes Forestales, aunque el texto aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso recupera la condición de funcionario público para estos profesionales, limita también su capacidad de actuación en el ejercicio de las funciones de policía judicial genérica, subordinando el papel de los agentes forestales al de auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta limitación reduce sensiblemente la capacidad de los agentes en la práctica de investigaciones, denuncia y esclarecimiento de delitos ambientales, lo que supone una mayor desprotección del medio natural e ineficiencia de recursos públicos, puesto que el colectivo de agentes forestales está especializado y capacitado para realizar estas funciones en colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el régimen de subordinación que la nueva ley pretende.

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto también que la propuesta de nueva ley de Montes invade competencias autonómicas al tratar de armonizar y regular a nivel nacional en aspectos relacionados con la caza y pesca, cuestiones que no tiene sentido regular en una ley forestal.