La reducción de la jornada laboral es una medida imprescindible para lograr una mejor redistribución de las horas de trabajo

La parcialidad involuntaria afecta a casi la mitad de las personas con un contrato a tiempo parcial, mientras que el número de horas extras realizadas sigue en aumento

Fecha: 05 Nov 2024

Los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de octubre, publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siguen reflejando una evolución positiva del mercado laboral, con un aumento de la ocupación similar a otros años y con un incremento del paro más moderado de lo que es habitual para octubre, muy condicionado hasta ahora por el fin de la temporada estival.

Así, la afiliación a la Seguridad Social ha mostrado un crecimiento significativo en octubre, con un aumento de 134.307 personas, superando por primera vez los 21,3 millones de afiliados (21.332.513), el dato más alto para octubre en la serie histórica. Con respecto al año pasado, hay 514.856 personas afiliadas más, acelerándose de nuevo el ritmo anual de creación de empleo (en dos décimas, hasta el 2,47%). En términos desestacionalizados, la afiliación se ha incrementado en 67.772 personas, suponiendo ya 54 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido del empleo. 

En cuanto al paro registrado, el aumento ha sido de 26.769 personas este mes, el menor incremento para un mes de octubre desde 2006, a excepción de los años afectados por la pandemia (2020 y 2021). En comparación con el año anterior, hay 157.350 personas menos en desempleo, situándose en 2.602.054 el número total de personas registradas como paradas, el menor desde 2007. 

En relación con la contratación, este mes se han registrado un total de 1.527.007 contratos, de los que 664.195 son indefinidos, suponiendo el 43,5% de la contratación; una cifra que antes de la reforma laboral apenas alcanzaba el 10% de los contratos. Entre ellos, destaca el indefinido a tiempo completo, que alcanza el 17,4% del total de contratos, el triple del registrado antes de la reforma. Por su parte, la temporalidad de la afiliación se reduce este mes en 6 décimas, hasta mínimos del 12,6%. De este modo, la tasa de temporalidad se sitúa 15,6 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2021, antes de que entrara en vigor la reforma laboral, cuando ascendía al 28,3%. 

Por tanto, los datos de este mes merecen una valoración positiva por parte de UGT, ya que se sigue creando empleo, cada vez de mayor calidad, mientras se estabiliza el mercado laboral y se suaviza la destrucción estacional de puestos de trabajo. Por ello, ahora es el momento de avanzar en las cuestiones que quedan pendientes, como la revisión de los costes del despido para hacerlos efectivamente disuasorios y reparatorios, o la ineficiente distribución del tiempo de trabajo en España. 

Tal y como señaló la última EPA, la parcialidad involuntaria afecta a casi la mitad de las personas con un contrato a tiempo parcial, mientras que el número de horas extras realizadas sigue en aumento. Para ello, la reducción de la jornada laboral se presenta como una medida imprescindible para lograr una mejor redistribución de las horas de trabajo, mejorando la calidad de vida de las personas trabajadoras y permitiendo, al mismo tiempo, ganancias de productividad en la economía en su conjunto.

Por último, UGT quiere aprovechar para recordar que es preciso poner a trabajar todos los recursos y capacidades disponibles para reparar los daños de la DANA que ha impactado dramáticamente sobre territorios del este peninsular. En este sentido, dada la gravedad de la situación, el Sindicato exige al Gobierno la reactivación del escudo social para la protección de las personas afectadas por la DANA. 

Para ello, UGT demanda la aprobación urgente de un Decreto Ley que implemente medidas extraordinarias como la aplicación de los ERTE por fuerza mayor, con una visión extensiva y garantista que cubra la afectación indirecta, la protección extraordinaria por desempleo de las personas asalariadas y autónomas que no puedan retomar su actividad, la salvaguarda de los contratos temporales y fijos discontinuos, así como la facilitación del teletrabajo o la reducción de la jornada laboral para atender las necesidades derivadas de la catástrofe. Se trata, en definitiva, de actuar con urgencia y responsabilidad para asegurar que ninguna persona trabajadora se quede desprotegida frente a una situación de emergencia como la actual.