​Ayer, 5 de abril, el juez federal brasileño Sergio Moro, el mismo que condenó al expresidente Luiz Inácio "Lula" da Silva en primera instancia en julio de 2017 sin aportar pruebas concluyentes, dictaminó que Lula deberá ingresar en prisión durante la tarde de hoy. Para la Unión General de Trabajadores (UGT), la orden de prisión, dictada con urgencia apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Federal Supremo (STF), en un proceso cuestionado internacionalmente, votara en contra el habeas corpus preventivo presentado por la defensa del expresidente Lula, supone una violación flagrante del derecho a la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal brasileña de 1988. La decisión del juez Moro debe ser leída también en clave política, ya que además de violentar los derechos constitucionales, impide a Lula participar en las elecciones de octubre del 2018, en las que, según todas las encuestas de intención de voto, parte como favorito.

Para UGT es extremadamente preocupante que los jueces del STF hayan tomado su decisión justo después de las amenazas de altos mandos militares brasileños, que se han pronunciado en contra de la institución jurídica que asegura los derechos básicos de toda persona. Pese a la prohibición desde 2002 de que los militares, sin contar con autorización previa, realicen manifestaciones públicas sobre asuntos políticos han sido varios los llamamientos de altos cuerpos del ejército que se han venido pronunciando sobre la situación política en Brasil, trayendo dolorosos y alarmantes ecos de dictaduras y golpes militares en el pasado reciente.

Muestras de politización del sistema judicial brasileño

Como UGT ha venido comprobando durante el proceso al expresidente Lula, el sistema judicial brasileño está dando muestra de una politización que en nada tiene que ver con la democrática imparcialidad de la que debe hacer gala; de hecho, la orden de prisión da buena muestra de las fallas que se están produciendo en el Estado de Derecho de Brasil desde el golpe parlamentario contra la expresidenta Dilma Rousseff y evidencia la profunda crisis política que se vive en gigante americano.

UGT, así como otras muchas organizaciones sindicales, políticas y sociales en el mundo, cree que la persecución política, judicial y mediática contra el ex Presidente Lula es una venganza de la clase conservadora brasileña y de la derecha internacional contra uno de los símbolos más importantes de la justicia social en Brasil y en el mundo, bajo cuyo liderazgo se implementó un proyecto político popular y progresista que logró la inclusión social de millones de brasileñas y brasileños y promovió la integración latinoamericana y una manera nueva y exitosa de gestionar asuntos internacionales de calado.

Los derechos civiles y políticos del exsindicalista deben ser respetados. La democracia y el avance social de Brasil deben ser defendidos. Por todo ello, la Unión General de Trabajadores quiere reiterar su compromiso con la campaña internacional de respaldo al expresidente Lula y expresar su solidaridad y apoyo al pueblo y al movimiento sindical brasileño, acosados por las políticas liberales del presidente Temer y asonadas militares empeñados en desmontar los logros sociales, económicos y democráticos de los y las brasileñas.