​La OCDE destaca en el informe sobre España, que ha presentado hoy, que es preciso aumentar los salarios para mejorar el bienestar de los ciudadanos y conseguir un crecimiento más inclusivo. Una recomendación de la que tendrían que tomar buena nota las organizaciones empresariales, para salir así de su cerrazón en materia salarial y posibilitar un acuerdo de negociación colectiva, que sería muy necesario para nuestro país. Reconoce, también, el aumento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, elude deliberadamente señalar a las políticas de austeridad y recortes como responsables directas de esta situación e insiste en recetas rancias, ineficaces y profundamente negativas como: reducir las indemnizaciones por despido o rebajar las cotizaciones sociales, lo que agravaría los problemas financieros de la Seguridad Social.

El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, ha presentado hoy el estudio económico específico que elabora periódicamente esta Organización sobre España, del que, a juicio de la UGT, cabe extraer algunas conclusiones y recomendaciones valiosas, junto a otras que no compartimos, puesto que estamos convencidos de que caminan en dirección contraria a la que requiere nuestro país.

Entre los aspectos positivos del informe, destacamos los siguientes:

Realiza un diagnóstico bastante certero de los problemas actuales de la economía española, poniendo de relieve cuestiones como: la elevada tasa de paro y la lentitud de su reducción, que afecta especialmente a los parados de larga duración y a los jóvenes; la escasa calidad del empleo –que determina la baja productividad laboral, un aspecto clave para el crecimiento-; la insuficiencia del gasto en políticas activas de empleo y la ineficacia de su concreción actual; la reducida inversión en I+D+i de las empresas; la necesidad de aumentar los ingresos impositivos; y las carencias de nuestro sistema educativo; por citar algunas de las más relevantes. 

Queremos poner en valor dos de las conclusiones del informe:

• En primer lugar, el reconocimiento expreso y nítido que hace del aumento de la desigualdad, de la pobreza (señaladamente la infantil) y de las situaciones de exclusión social que se han producido en España desde el inicio de la pasada crisis, y que las políticas desarrolladas no están logrando revertir. Para UGT éste es también un problema fundamental en nuestro país, puesto que afecta de manera determinante a la calidad de vida de las personas y lastra el potencial de crecimiento económico.

Coincidimos en la necesidad de mejorar el sistema de protección social para dar adecuada cobertura a estas personas, de una manera extensa e integral, abarcando las carencias de todas las partes del sistema: prestaciones por desempleo, pensiones y prestaciones sociales. No obstante, creemos que el informe elude deliberadamente señalar a las políticas de austeridad y recortes aplicadas como responsables directas de esta situación, algo que creemos está fuera de toda duda.

• En segundo lugar, valoramos muy positivamente que el informe señale claramente que el crecimiento económico no está logrando aumentar la renta per cápita de la mayoría de la población, ni por tanto elevar su bienestar. Esta es una denuncia que venimos realizando las organizaciones sindicales, y que es imprescindible tener en cuenta para proponer las actuaciones necesarias. Tenemos un crecimiento excluyente, que deja al margen a una mayoría de ciudadanos o ciudadanas, o lo que es lo mismo, a la mayoría de la clase trabajadora.

En este sentido, UGT comparte la afirmación que se recoge en el documento en el sentido de que los aumentos de productividad deben trasladarse a aumentos salariales para “mejorar el bienestar de la ciudadanía española y para conseguir un crecimiento más inclusivo” (pág. 14). Esta es la posición conjunta de UGT y CCOO en la negociación de los incrementos salariales para 2017: que los salarios aumenten para mejorar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores y reequilibrar el reparto de la renta, muy escorado hacia los beneficios empresariales desde 2009. Sin ello, la recuperación no llegará a los hogares, lo que es tanto como decir que la crisis continuará con sus penosos efectos. Ojalá las organizaciones empresariales españolas tomen nota de esta recomendación de la OCDE y salgan de su cerrazón actual en materia salarial, posibilitando un acuerdo para la negociación colectiva que sería muy necesario para el país.

Pese a estos aspectos positivos, el informe de la OCDE contiene también otros que UGT no comparte en absoluto. Entre estos destacamos los siguientes:

El documento resulta injustificadamente complaciente con las llamadas “reformas estructurales” realizadas en España: sector financiero, mercado laboral, mercado de bienes y servicios, educación, impuestos, pensiones y administraciones públicas. No compartimos de ningún modo la generosa visión de la OCDE en estas materias, en cuanto a su orientación y actuaciones esenciales. Muy al contrario, consideramos que casi todas ellas han sido, en el mejor de los casos, ineficaces, y en muchos de ellos profundamente negativas.

Destaca, en este contexto, la reforma laboral de 2012, que a nuestro juicio ha sido tremendamente negativa, puesto que ha desequilibrado las relaciones laborales de manera determinante en favor de las empresas, y ha contribuido decisivamente a incrementar la precariedad laboral.

Si bien el informe señala acertadamente la baja calidad del empleo y la elevada temporalidad del mismo como características negativas de nuestro mercado de trabajo que no se han reducido, creemos que su planteamiento es triplemente desacertado en esta cuestión.

Primero, por el aval que da a la mencionada reforma laboral, incomprensible si se tiene en cuenta que todas las estadísticas oficiales muestran que su impacto ha sido pernicioso. No solo no ha mejorado la calidad del empleo, sino que la ha empeorado claramente: aumenta la temporalidad, crecen los contratos de corta duración, aumenta la inseguridad y volatilidad de los contratos indefinidos. Asimismo, han aumentado los contratos a tiempo parcial de carácter involuntario, ha recortado las prestaciones por desempleo, ha reducido los salarios, ha elevado las desigualdades de todo tipo - especialmente la que afecta a las mujeres-,… por citar algunos de sus efectos más demostrados.

Segundo, porque precisamente se centra en exceso en hablar de la llamada dualidad entre temporales e indefinidos (que sin duda existe y está aumentando), pero presta poca atención a los indicadores que reflejan que lo que se está produciendo en España es un aumento generalizado de la precariedad laboral, que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, y que es consecuencia precisamente de la reforma laboral de 2012. 

 Y tercero, porque mantiene la tradicional obsesión de este organismo por aplicar una receta que a todas luces ha fracasado: reducir las indemnizaciones por despido de los contratos indefinidos, y en especial las del despido improcedente (es decir, el que no tiene causa y, como tal, es injustificado y arbitrario). Todas las reformas laborales, aplicadas en España desde los años noventa hasta ahora, han incidido en el acercamiento de las indemnizaciones de los contratos temporales e indefinidos, sobre todo rebajando éstas últimas, y sin embargo la temporalidad y la precariedad no solo no han cedido, sino que han aumentado. Es hora de que la OCDE abandone esta rancia receta y su fotocopia, el llamado contrato único, y revise sus planteamientos en esta materia para intentar ofrecer soluciones efectivas al problema de la baja calidad del empleo.

Como aspecto negativo, también en materia laboral, hay que destacar la propuesta de rebajar las cotizaciones sociales para fomentar la contratación estable, algo que todos los análisis empíricos muestran que resulta poco eficaz y posee un elevadísimo coste, lo que agravaría los problemas financieros de la Seguridad Social.

En materia de impuestos, compartimos la necesidad de que se aborde una reforma fiscal global que busque aumentar los ingresos, pero desde UGT sumamos a este objetivo el de mejorar de manera clara la progresividad del sistema. Por eso, si bien valoramos algunas propuestas concretas (reducción de exenciones y desgravaciones en el IRPF e Impuesto sobre Sociedades, aumento de la imposición medioambiental) creemos que la reforma debería ser más ambiciosa, incidir en mayor medida sobre los impuestos directos (IRPF y Sociedades), para elevar la contribución de quienes más rentas tienen y que actualmente aportan menos de lo que deberían, y sobre todo, habría que aumentar los impuestos sobre la riqueza, algo que la OCDE ni siquiera menciona.

Por último, echamos en falta en el documento dos actuaciones que consideramos muy relevantes.

• En el ámbito del sector financiero, discrepamos con la visión favorable que ofrece la OCDE de la reforma bancaria realizada, puesto que consideramos que no ha resuelto los problemas de falta de crédito a las pymes y a las familias y ha reducido la competencia en el sector, al aumentar la concentración. Creemos que debería ponerse en marcha una banca pública a partir del ICO y de las entidades nacionalizadas durante la pasada crisis. 

• Y por lo que se refiere a la mejora de la competencia en los mercados de bienes y servicios, no entendemos cómo el documento ignora la situación de falta de competencia en determinados sectores clave (gasolinas, electricidad, telecomunicaciones), lo que perjudica tanto la competitividad de las empresas como la calidad de vida de las familias (y en especial de las que poseen menores ingresos).  En este sentido, es imprescindible abordar una mejor regulación de estos mercados y fortalecer los organismos de vigilancia y control de la competencia.

En suma, el nuevo informe de la OCDE sobre la economía española ofrece un interesante análisis, con luces y sombras, que en todo caso cabe valorar por su insistencia en la denuncia de uno de los aspectos más penosos de la evolución socioeconómica de nuestro país, como es el incremento de los niveles de pobreza y de desigualdad. Algo que por sí solo debería invalidar la actual estrategia de salida de la crisis, y abrir la puerta a un cambio de políticas como el que venimos reclamando desde las organizaciones sindicales, que ponga el acento en la recuperación de las personas y en la construcción de un nuevo contrato social más eficiente, inclusivo, justo y sostenible.