Como respuesta a la consulta pública del Mediador europeo al respecto – que finalizó el 31 de agosto – que estas organizaciones (CES,FSES, UNI & CEO) han apuntado este problema fundamental que afecta a los grupos consultivos de la UE.

Los grupos de expertos están a menudo constituidos al principio del proceso legislativo de la Comisión para proporcionar experiencia y orientación.

Actualmente, la mayoría de los grupos de expertos que son económica y políticamente importantes, como los que trabajan sobre fiscalidad, regulación financiera o reducción de emisiones de gases, están siempre dominados por representantes de los intereses económicos. Algunos estudios han demostrado que esto podría tener un impacto perjudicial sobre las decisiones de la UE.

 

Sindicatos europeos y organizaciones de la sociedad civil han examinado la composición de estos supuestos grupos de expertos. Su conclusión es que las reglas horizontales que se aplican actualmente en estos grupos son inadecuadas porque no impiden el problema fundamental de una excesiva implicación de las empresas y que no está suficientemente claro para asegurar una coherencia entre los diferentes departamentos de la Comisión (denominados Direcciones Generales - DG). Se deben dictar nuevas reglas y abordar el desequilibrio de su composición, la confidencialidad de la toma de decisiones y un proceso de aplicación equitativo en materia de participación en los grupos de expertos.

 

En 2012, el Parlamento europeo ha levantado su bloqueo al presupuesto de 2 millones de euros para los grupos de expertos con la condición de que ninguna parte implicada disponga de una mayoría de los puestos. A pesar de ello, los intereses de la empresas en el seno de los grupos creados a los largo del año siguiente representaban más del 53 % de los puestos cuando los sindicatos no han tenido nunca más del 14% y que las organizaciones medioambientales no están mucho mejor representadas.

 

En sus respuestas al Mediador, las organizaciones han insistido mucho para que la Comisión reduzca el número de puestos asignados a las empresas con el fin de garantizar unos grupos y unos resultados más equilibrados. Los sindicatos también han apuntado que la Comisión dispone ya de suficientes medios formales en materia de auditoria y análisis como el diálogo social en los niveles inter sectoriales y sectoriales y las consultas oficiales a los interlocutores sociales.

 

Los intereses comerciales tienen demasiada influencia en el diseño de las políticas públicas por la composición desequilibrada de los grupos de expertos. Esto se convierte en verdaderamente crítico cuando los intereses de las empresas rara vez se corresponden con el interés público. Las recomendaciones eventuales del Mediador – esperadas para el año que viene – deberían abordar estos problemas y ser puestos en marcha a través de una revisión en profundidad de las reglas horizontales en 2015.