​El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que el diálogo social es un derecho constitucional, “no un mero acompañamiento de la aplicación de las políticas públicas, como lo entiende el Gobierno en la actualidad. Debe ser el instrumento que las conforme. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya le ha recordado que el diálogo social hay que practicarlo incluso en épocas de crisis”.

Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones en las XVI Jornadas del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), donde ha demandado otras políticas, ya que las actuales han producido “una bajada de salarios, un empleo precario y temporal, bajos niveles de protección y una vulneración de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva”.

En este sentido, “se debe restablecer el equilibrio entre las partes negociadoras que rompieron tanto la reforma laboral de 2010 como la de 2012. La negociación colectiva debe recuperar su autonomía sin que esté intervenida por la reforma laboral. Si esto no se corrige, seguirá habiendo retrasos en la negociación y más litigios”.  

Por ello, ha demandado la derogación de esta reforma y ha puesto en valor los sistemas de solución de conflictos como “un plus de la negociación colectiva. Pero estos sistemas requieren inversión, no se puede recortar en su funcionamiento”.

Dos mil millones de personas en el mundo no tienen un trabajo decente
Con motivo de la Jornada Mundial sobre el Trabajo Decente, que se celebra en el día de hoy, Toni Ferrer ha recordado que aún existen “dos tercios de trabajadores mundiales que no viven en los estándares de trabajo decente, un total de dos mil millones de personas”.

En España, “si hay algo que caracteriza al empleo es la precariedad, ya se mida en temporalidad o parcialidad involuntaria. De hecho, los últimos datos de la Seguridad Social, de septiembre, muestran que el 30% de los afiliados tienen contratos temporales”.

Además, “se ha producido una fuerte devaluación salarial. Las familias tienen un 10% menos de poder de compra que antes de la crisis y se ha producido una congelación del SMI que ha llevado consigo una pérdida salarial real”.

Por lo tanto, “no se puede hablar en España de trabajo decente, sino de empleo de mala calidad, bajos salarios y recorte de derechos”.