La negociación colectiva es clave para proteger a las personas trabajadoras del desafío climático

El plenario del CESE aprueba por unanimidad el dictamen de UGT sobre negociación colectiva verde

El plenario del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado, sin ningún voto en contra, el dictamen de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España referente a la negociación colectiva verde defendido por la secretaria de Políticas Europeas del sindicato, Mari Carmen Barrera.

Este dictamen exploratorio, solicitado por el Gobierno español para la presidencia del Consejo de la Unión Europea, afirma que las empresas y las personas trabajadoras deben disponer de cauces adecuados para participar en los esfuerzos destinados a apoyar la protección del medio ambiente y luchar contra el cambio climático. 

También solicita a la UE y a los Estados miembros que sigan apoyando acciones e iniciativas que incentiven a personas empresarias y trabajadoras a adaptarse a la transición ecológica, y que desarrollen la figura del delegado/a de medio ambiente en los centros de trabajo, como representante de la transición ecológica y los comités de medioambiente.

El CESE considera que las cuestiones relacionadas con la transición ecológica deben ser objeto de una negociación colectiva más intensa en los niveles adecuados, siempre desde el respeto a los sistemas nacionales de relaciones laborales y la autonomía de los interlocutores sociales. 

Implicar a la sociedad civil en consecución de una transición justa

En este sentido, Mari Carmen Barrera ha destacado el papel de la negociación colectiva como “una herramienta clave que puede ayudar a las empresas y a las personas trabajadoras a afrontar los retos de la crisis climática, incluidos los costes derivados para las empresas”.

Barrera ha recalcado además que “la sociedad civil puede ayudar a encontrar soluciones democráticas a los retos y problemas derivados de la política para la transición verde, pero también puede contribuir a ella participando en el diseño e implementación de medidas justas para garantizar que las transiciones verdes sean socialmente justas”. 

“Unas transiciones que están teniendo un evidente impacto en el empleo y las condiciones de trabajo y de vida de las personas trabajadoras” ha finalizado.