​Para UGT y CCOO, el acuerdo anunciado por PP y PSOE de prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en nuestro país, que debe ser completado con la creación de una auténtica tarifa social (de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta) que sustituya al actual bono social, ya que éste solo supone la reducción de un 25% en la tarifa y no protege a las rentas más bajas.

Ambas organizaciones valoran muy positivamente la campaña de movilizaciones #NoMásCortesDeLuz, impulsada por diferentes organizaciones sociales y sindicales, que contó con la participación de miles de personas en casi 100 ciudades de todo el país.

Para CCOO y UGT, este acuerdo para la prohibición de los cortes de suministro eléctrico a las familias en situación de pobreza energética severa resulta insuficiente, puesto que debe completarse, de forma inexcusable, con una extensión del mismo a los suministros de gas y la puesta en marcha de un procedimiento urgente que permita su aplicación inmediata. En este sentido, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, si hay voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección.

En cuanto a la negociación que ha dado lugar a este acuerdo, que intenta frenar las movilizaciones, además de excluir al resto de fuerzas parlamentarias que han venido manifestando su apoyo a las propuestas presentadas contra la pobreza energética, desde ambas organizaciones denunciamos que no tiene cabida en un tema de tanto calado social como éste. Situación que debería corregirse para intentar el apoyo unánime del Parlamento.

Para hacer frente de forma efectiva al grave problema de la pobreza, esta primera medida debe complementarse con la regulación de una tarifa social que ampare a todos los consumidores de luz y gas cuyos ingresos se encuentre por debajo de los límites que se establezcan. Tarifa que se debe estructurar en varios tramos en función de las rentas y con diferentes niveles de ayuda y para cuya tramitación parlamentaria se debería contar con la participación de las organizaciones sindicales que venimos presentando propuestas en este ámbito.