El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos correspondientes al IPC del mes de enero de 2018, que sitúan la variación mensual del IPC en -1,1%, once décimas inferior a la del mes de diciembre. La variación interanual alcanza así el 0,6% y se sitúa cinco décimas por debajo de la inflación final en 2017, que fue de 1,1%.

La tasa de inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantiene en enero en el 0,8% por tercero mes consecutivo. El INE señala que la inflación subyacente no se situaba por encima del IPC general desde el mes de noviembre de 2016.

Respecto al Índice de Precios de Consumo Armonizado se sitúa en tasa anual en el 0,7%, cinco décimas por debajo de diciembre. La tasa mensual es de -1,5%. El indicador adelantado de la zona euro estaría en el 1,3%, aumentando la distancia entre España y la zona euro hasta situarla en seis décimas, de modo que el IPCA se sitúa en España por debajo de la zona euro por segundo mes consecutivo.

Los datos de IPC correspondientes al mes de enero, publicados hoy por el INE, muestran un descenso de 1,1% en los precios respecto al mes anterior, disminuyendo en cinco décimas la tasa anual, hasta el 0,6%. 

Este dato se debe de nuevo a la bajada de precios de la electricidad que en enero de 2017 registró un incremento del 26,2% en tasa anual. De este modo, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados y productos energéticos) se sitúa en 0,8%, mismo nivel que el mes anterior y tres décimas inferior a la del mes de enero de 2017. De hecho, las previsiones de inflación para 2018 se sitúan bastante por encima del dato de enero. FUNCAS, previendo una inflación en enero del -1,0% (prácticamente la que ha publicado hoy el INE), establece una previsión media para 2018 del 1,6%.

Según el dato avanzado de PIB de 2017, publicado también por el INE, la economía registró un aumento del 3,1% interanual, completando cuatro años consecutivos de incremento de la economía. Sin embargo, este crecimiento continúa sin trasladarse a los salarios y a las familias de nuestro país, y se agrava la situación de desigualdad social ante la pasividad del Gobierno al respecto.

Bruselas alerta ya de la pérdida de ingresos de las familias en España, a pesar del incremento del empleo. Es lógico, ya que las sucesivas reformas laborales, cuyo único objetivo ha sido reducir derechos laborales y salarios, han dado lugar a una precarización del empleo insostenible.

Según la Comisión Europea, el crecimiento económico y del empleo ha vuelto a Europa y ese crecimiento se debe trasladar a la mejora de derechos de los ciudadanos. Pero la Comisión también señala grandes disparidades entre los Estados miembros: mientras mejora la situación financiera de los hogares, impulsada principalmente por el incremento de rentas del trabajo, en varios países, entre ellos España, la renta bruta disponible de los hogares sigue estando por debajo del nivel de 2008.

En este sentido, UGT denuncia que esto se debe a la intensa devaluación salarial sufrida durante la crisis y a la resistencia del Gobierno y los empresarios a reconocer las consecuencias tan negativas que el incremento de la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza ocasionan a nuestro país, tanto socialmente, como económicamente.

Nuestro país no puede ser la locomotora de Europa en un contexto de empobrecimiento de la mayoría de la población. Sin aumentar la renta de las familias estamos en un riesgo de recesión permanente. Y sin mejorar los derechos laborales y la protección social nos alejamos no solo de los objetivos del pilar europeo de derechos sociales, sino también del mundo desarrollado.

Mientras la economía ha estado creciendo, la tasa de variación salarial en los tres primeros meses del año 2017 se ha situado en el 0, tanto para el coste salarial de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, como para la remuneración por asalariado de la Contabilidad Nacional. Ya no hay instituciones internacionales que no recomienden una subida de salarios. Es decir, los sueldos continúan cayendo y esto, además de una injusticia que colabora al crecimiento de la desigualdad, se convierte en un riesgo para la economía, al frenar el crecimiento y el empleo. Solo el incremento salarial en la negociación colectiva avanza, si bien muy despacio, y se sitúa en enero de 2018 en el 1,49%, frente al 1,43% de media recogido en 2017, hasta el momento.

Para la Unión General de Trabajadores, es urgente acometer una política de reparto de la renta y la riqueza más justa y equilibrada, y eso pasa por aumentar las prestaciones sociales y facilitar el acceso para quienes las necesitan y garantizar las pensiones, con una revalorización digna que no suponga pérdida de capacidad de compra, así como un incremento de los salarios que permita que los trabajadores lleguen a fin de mes y que favorezca la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la última década.

Gobierno y patronal tienen que asumir sus propias palabras: si no es posible vivir con un sueldo de 800 euros, no debe haber ningún sueldo en esos niveles tan bajos.

Por ello, UGT va a luchar por establecer en la negociación colectiva salarios mínimos de 1.000 euros al mes en cada convenio, impulsando el crecimiento de los salarios más bajos, y estableciendo subidas de sueldos que permitan al conjunto de los trabajadores ir recuperando poder adquisitivo. Además, el sindicato apuesta por introducir cláusulas de garantía salarial, que preserven el poder adquisitivo negociado de las posibles variaciones de los precios. Es de justicia y no solo es económicamente factible, sino que es fundamental para impulsar y garantizar el mantenimiento del crecimiento económico. En definitiva, justo y razonable.

Además, para fortalecer el crecimiento de la economía, también es necesario un cambio en el modelo productivo, con un decidido impulso a los sectores industriales, pasando a un modelo respetuoso con el medio ambiente, basado en una industria de alto valor añadido en sectores sostenibles que generen más empleos y de mayor calidad. Es imprescindible un Pacto de Estado por la Industria.

UGT apuesta por un nuevo contrato social, con el fin de trasladar las mejoras en el terreno económico al conjunto de la ciudadanía. Es fundamental que la riqueza generada se reparta de manera justa, en la distribución primaria, vía salarios, y en la redistribución, vía ingresos y gastos públicos.

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