​El desempleo en España no solo es globalmente elevadísimo, sino que se ha ‘estructuralizado’, es decir, que 2,1 millones son desempleados y desempleadas de muy larga duración, son personas que llevan en el paro más de dos años. Muchos de ellos, bastante más. A medida que se ha ido recuperando la creación de empleo se pone en evidencia que el empleo incluso en las actuales condiciones degradadas solo beneficia a algunos desempleados/as, mientras que millones permanecen marginados de las posibilidades de empleo y padeciendo la desprotección.

Es inaceptable una política que se olvida de esta terrible realidad, que abandona a una gran parte de los desempleados y desempleadas, que los abandona a su suerte, y que se basa en contemplar pasivamente el funcionamiento marginador del mercado.

La causa de esa marginación está, en primer lugar, en las circunstancias de esos desempleados: baja cualificación, competencias profesionales desfasadas u obsoletas, experiencia laboral en sectores y actividades arrasados por la crisis o sin capacidad suficiente para crear empleo. Pero, en segundo lugar, la causa políticamente más grave está en que esas dificultades son salvables si se adoptaran las políticas adecuadas para resolverlas y eliminar las desigualdades en cuanto a las opciones de empleo de los parados y paradas.

Es imprescindible y de urgencia social poner en marcha estas políticas activas de empleo, porque además su ausencia hace que esos desempleados marginados se concentren en determinados colectivos más débiles: jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad, etc., que van conformando los perdedores de esta recuperación económica ‘en falso’. Es aquí donde se deben dirigir las políticas de empleo y aquí donde se debe medir su eficacia y no en la cantidad de contratos mayoritariamente temporales y precarios. Y es aquí donde las políticas adoptadas en esta pasada legislatura han fracasado por completo.

Aumentar a corto plazo los recursos de las políticas activas de empleo, reorientando los actuales mediante la supresión de la mayoría de las bonificaciones y reducciones a la contratación (que actualmente ascienden a 3.700 millones de euros) y de otros programas carentes de eficacia. En el plazo de dos años los recursos actuales (sin contar con esas bonificaciones) de las PAE deberían, a juicio de UGT, duplicarse. Además es necesario que todos los parados/as de larga duración pasaran, en el plazo de seis meses, por un diagnóstico personalizado realizado por los Servicios Públicos de Empleo además de contar con un itinerario de inserción al empleo, que comenzaría de esta manera a desarrollarse de forma inmediata.

El segundo gran colectivo de atención prioritaria (en los mismos términos que los anteriores) lo constituirán aquellos desempleados/as que de forma recurrente se han visto afectados por el desempleo y la rotación en el empleo. Las dos líneas de actuación anteriores deberían ser en nuestro país, un derecho legalmente exigible por los desempleados y desempleadas y una obligación para los Servicios Públicos de Empleo y así lo plantea UGT reiteradamente en las mesas de Diálogo Social, a través del documento que recoge nuestra propuesta de Plan de Choque por el Empleo. Porque tras las reformas legales del gobierno del partido popular en 2012, los derechos de los desempleados en España prácticamente no existen.

Sólo el 54% de los desempleados cobra prestación por desempleo

El endurecimiento del acceso al desempleo por el Gobierno del Partido Popular va dejando cada vez más desempleados sin ingresos. Y esto es una realidad que requiere una solución urgente. Es necesario establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, en línea con la Iniciativa Legislativa Popular promovida y presentada ante el Congreso de los Diputados por UGT y CCOO y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Sería vital para dotar de ingresos al elevado número de desempleados que actualmente se encuentran sin cobertura de alguna prestación en nuestro país.

También los recortes han alcanzado a las jubilaciones parciales, un mecanismo que fomenta el relevo generacional y la entrada de jóvenes al mercado de trabajo. Por ello es necesario potenciar las políticas de jubilación parcial y los contratos de relevo (relanzar el contrato relevo a los 60 años que permita que muchos jóvenes puedan ocupar un empleo de calidad).

Y es obligado rescatar al casi un millón de desempleados mayores de 55 años que están en grave riesgo de acceder a una jubilación en condiciones de pobreza, pues los recortes en forma de reforma legal del gobierno del partido popular, eliminaron la protección de la cotización y el subsidio durante toda la etapa de desempleo y con ello van a crear, si no se actúa de manera urgente, una gran bolsa de pobreza en nuestro país. Es por ello necesario establecer, tal y como plantea UGT en las mesas de Diálogo Social conforme a nuestro plan para mayores de 55 años desempleados, un sistema de protección que les permita pasar a la jubilación en condiciones dignas (establecer un puente para que los parados mayores de 55 años puedan jubilarse sin perder el 30 o 40% de la pensión). Porque aunque crece el PIB la pobreza no ha cesado de crecer en nuestro país y no hay síntomas que auguren un descenso inmediato de las tasas de pobreza en España. Por ello, hay que luchar contra esta realidad y en ello, las políticas activas de empleo son una de las herramientas más eficaces de lucha contra la pobreza. Los PGE deben, contrariamente a lo que plantean, invertir decididamente en ellas.