​UGT critica que de 2009 a 2016 los distintos Gobiernos han transferido al “bolsillo” de los empleados públicos gran parte del peso de los recortes para ajustar el gasto público.

Así, envueltos en la bandera de la austeridad, han infligido a las condiciones salariales y poder adquisitivo de los empleados públicos una serie de hachazos de los que no existía precedente alguno, modificando (¡reduciendo!) unilateralmente el marco legal de la negociación colectiva de los empleados públicos (EBEP) para poder ejecutar sus incumplimientos, recortes y congelaciones salariales, sin límite alguno.

Un ejemplo más de lo expuesto lo encontramos en la Administración General del Estado (AGE), cuando tras analizar datos del propio Ministerio de Hacienda (Sª de Estado de Presupuestos y Gastos/Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas) se observa que la masa salarial de los empleados públicos de la AGE ha disminuido de 2009 a 2016 (último dato publicado) de manera drástica.

Efectivamente, si analizamos la masa salarial de los seis colectivos más numerosos/representativos de la AGE (Funcionarios de la AGE, propiamente dicha, Funcionarios Organismos Autónomos, Funcionarios de la Seguridad Social, Funcionarios de la Administración de Justicia, Investigadores del CSIC, Personal laboral de la AGE), nos encontramos con el preocupante dato de una reducción de la masa salarial del 9´1%, tal y como se observa en el cuadro siguiente:

¿Los motivos? Pues además de los retributivos ya comentados (incumplimientos, recortes y congelaciones), se pueden aducir, entre otros, los siguientes:

•  La reducción de la plantilla en estos años en 52.609 efectivos (tasa de reposición de efectivos), 30.953 efectivos menos, si nos referimos exclusivamente a los colectivos recogidos en el cuadro anterior.
•  Niveles salariales inferiores a los de otras Administraciones Públicas (CC.AA., Diputaciones y algunas Entidades Locales), situación que debe analizarse y resolverse para evitar discriminaciones injustificadas.
•  El Comité Europeo de Derechos Sociales (Informe enero 2015), calificó de insuficientes (por debajo del 50 % salario medio neto UE) las tablas salariales del Convenio Único. Circunstancia que vulnera la Carta Social Europea.
•  Escasa implantación de la carrera profesional.
•  Recortes en I+D+I.
•  La amortización de 36.670 plazas vacantes entre los años 2009-2013.
•  El importante incremento de las Jubilaciones voluntarias: De 3.429 en 2009 a 15.470 en 2016.
•  La minoración de los costes de las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).

Pero, igual de preocupante, es que la masa salarial del personal Directivo de la AGE [1], en el mismo periodo de tiempo, se ha incrementado el 41´9%.

Una diferencia que consideramos discriminatoria e injusta, pues quién de verás ha gestionado, garantizado y mantenido la prestación y calidad de los servicios públicos más esenciales durante la crisis, han sido los empleados públicos (así lo atestiguan varios Informes oficiales: Defensor del Pueblo, AEVAL, INE), y no un personal con un marcado perfil político y burocrático, contratado discrecionalmente por el Gobierno de turno, cuya eficacia, en la mayoría de los supuestos, deja mucho que desear.

En este supuesto, no podemos mostrarnos contundentes a la hora de determinar las causas por el oscurantismo estadístico que caracteriza a esta figura, pero desde FeSP-UGT estimamos que están vinculadas, fundamentalmente, a una serie de sustanciosos incrementos salariales al margen de las congelaciones, recortes y exiguas subidas de estos últimos años para el resto de empleados públicos. Y no podemos aludir a un incremento de efectivos, pues, insistimos, no contamos con datos concretos.

Esta circunstancia, a juicio de la FeSP-UGT pone de manifiesto que las buenas palabras dirigidas por el Gobierno a sus empleados públicos estos últimos meses son puro artificio. Pues no se han visto acompañadas con hechos que evidencien  una verdadera rectificación de sus políticas salariales, mediante la fijación de incrementos que:
•  Sirvan para resarcir las pérdidas de poder adquisitivo de todos estos años, incluido el 2017, en el que la subida del 1% quedará, casi seguro, por debajo del IPC real.
•  Impidan la generación de nuevas pérdidas, mediante clausulas garantistas que aseguren el poder de compra.

En definitiva, los empleados públicos de la AGE continúan esperando que la supuesta superación de la crisis, con crecimientos del PIB cercanos al 3%, repercuta, efectivamente, en sus condiciones socioeconómicas y profesionales.

No pudiendo servir de excusa la inexistencia de un Proyecto de Presupuestos para 2018, pues si existe voluntad, hay márgenes económicos y legales suficientes para la fijación de mejoras salariales.