​La Unión General de Trabajadores ha mantenido reuniones con los diferentes Grupos Parlamentarios a iniciativa del sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) y de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) para abordar la situación y el contenido del proyecto de ley de Contratos del Sector Público.

El sindicato considera fundamental establecer una norma de contratación en el sector público que promueva una mejora de las condiciones sociales, laborales y medioambientales que tengan su fundamento en el interés general.

Se trata de garantizar unas condiciones laborales dignas, que incluyan la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad de oportunidades, la mejora de la seguridad y la salud laboral, que favorezca la formación, contribuya a la inserción laboral de los convenios más desfavorecidos así como asegurar unas condiciones medioambientales adecuadas.

En este sentido, UGT subraya que la Ley deberá impedir la contratación de empresas que empeoren las condiciones de trabajo de los empleados o que tengan sentencias firmes por discriminación por razón de género, incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o incumplimiento de convenios colectivos u otras normas laborales.

El sindicato advierte de que no está de acuerdo con la externalización y privatización del servicio público y que la contratación pública debe tener, en todo caso, carácter excepcional, quedando acreditado que la propia Administración no puede desarrollar el objetivo del contrato con sus propios medios y que este hecho no es consecuencia de la reducción de plantilla y aboga por detallar en la normativa aquellos servicios públicos que no podrán ser externalizados o privatizados.

Además, UGT defiende establecer medidas que aseguren la eliminación de las prácticas de corrupción como, por ejemplo, da información obligatoria sobre la propiedad real de las empresas que acuden a las licitaciones, dar el máximo nivel de publicidad en todos los pasos de la contratación pública o establecer de manera reglada y expresa los supuestos de prohibiciones para formar parte de los órganos de contratación para eliminar los conflictos de interés.