​Tras una intensa lucha contra los despidos en Madrid Espacios y Congresos, donde el Ayuntamiento  llevó a cabo un Expediente de Regulación de Empleo, el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado que el “despido colectivo no ha sido ajustado a derecho”.

La Federación de Servicios Públicos de Madrid (FSP-UGT), con mayoría absoluta en el Comité de Empresa de Madridec, denunció en su día la improcedencia de estos despidos e intentó llegar a un Acuerdo de Viabilidad que mantuviera el empleo y la empresa pública, dada la importancia que ésta tenía de cara a la recuperación económica de nuestra ciudad.

La Sentencia declara improcedentes estos despidos, en base a que la empresa Madrid Espacios y Congresos “no ha demostrado la concurrencia de causas económicas justificativas del despido”, dando la razón en este punto a las argumentaciones de la UGT y del Comité de Empresa, tanto durante el período de consultas del ERE, como una vez ejecutado el mismo al considerar estas razones que fueron el fundamento de la   demanda contra los despidos ante los tribunales.

La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid exige la incorporación de los 25 despedidos de la empresa Madridec. El Convenio vigente de la empresa en el momento del ERE recoge la posibilidad de los trabajadores de optar por la reincorporación a la misma si fueran objeto de un despido declarado improcedente por los Tribunales. Aún cabiéndole al Ayuntamiento el Recurso ante el Supremo, entendemos que ha de cumplirse el Convenio y proceder al reingreso de los trabajadores, quedando incorporados a la Empresa Madrid Destino, que absorbió a Madrid Espacios y Congresos tras su disolución,  al igual que ocurrió con los trabajadores de Madridec que no fueron despedidos por el ERE.

Las consecuencias de una pésima gestión, por el Ayuntamiento de Madrid, de las empresas municipales no han de pagarla los trabajadores y, una vez más, comprobamos la importancia de la movilización y la lucha sindical en todos los frentes en defensa de los derechos de los trabajadores, empezando por el derecho fundamental al empleo.​