​La expulsión de refugiados, que se inicia hoy, refleja el distanciamiento de los gobernantes europeos con la ciudadanía que exige la prevalencia de una Europa social en la que se respete la legalidad internacional y el derecho fundamental de asilo, un derecho que no puede subordinarse a intereses políticos o de otro tipo.

Sorprende la celeridad con la que se están realizando las deportaciones, mientras muchos países europeos, ni siquiera acogen al número de refugiados asignados (España de los casi 18.000 asignados solo ha acogido a 16). Además la mayor parte son sirios y afganos, que tienen derecho de asilo por proceder de países en guerra.

La Unión General de Trabajadores recuerda el rechazo social mayoritario expresado por la sociedad europea y española al acuerdo entre la UE y Turquía y señala que el “programa 1 por 1”  por el que se reinsertarán en la UE solicitantes de asilo procedentes de Turquía, canjeándolos por migrantes y solicitantes devueltos desde el territorio de la Unión es una medida que avergüenza a todas las sociedades democráticas, pues se mercadea con las personas y no se aseguran en ningún caso los derechos fundamentales  de las personas que sean devueltas a Turquía.

El Acuerdo de la UE con Turquía nunca ha tenido como objetivo afrontar con responsabilidad y solidaridad la situación humanitaria, sino, únicamente reducir el flujo irregular de migrantes procedentes de Turquía.  Este país se convierte así en nuestra frontera externalizada, trasladándose allí la catástrofe humanitaria que ni las autoridades europeas ni los gobiernos han querido afrontar. Algo que resulta inmoral e inaceptable.