​La noticia del día de hoy de que la deuda pública española ya supera el 100% del PIB no hace sino confirmar que las políticas de austeridad han sido un rotundo fracaso. Sin embargo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo continúan reclamando nuevos recortes para España, aunque ello suponga la reducción del crecimiento y el empleo, la caída adicional de las rentas de las familias y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Para UGT, los recortes no han hecho sino ahondar en el sufrimiento de la población. Es necesario cambiar radicalmente la política económica, aumentando el gasto público en partidas esenciales para nuestro desarrollo y aprobando una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia, justicia, equidad y lucha contra el fraude que nos permita avanzar en la reducción de los casi ocho puntos y medio de ingresos públicos que nos separan de Europa. Solo aumentando los ingresos conseguiremos salir de la crisis y adentrarnos en un crecimiento económico más sostenible y generador de empleos de calidad y con derechos.

Hoy se ha publicado la noticia de que la deuda pública española supera el 100% del PIB. Hace apenas un mes conocíamos el nuevo incumplimiento del objetivo de déficit y la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y empleo para los próximos años. A estas cifras, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo reaccionan reclamando nuevos recortes para España, sin atender a que esa política de recortes es la que nos ha llevado a esta situación.

Estas cifras demuestran que la política económica del gobierno del PP ha sido un rotundo fracaso. En ninguno de los años de gobierno del Partido Popular se ha conseguido alcanzar el objetivo de déficit y, a pesar de los recortes sistemáticos, de las reformas laborales incapaces de crear empleo y de la estrategia de austeridad a ultranza, la deuda no ha parado de aumentar año tras año.

Sin embargo, se pretende continuar por el mismo camino, con recortes de gasto y más austeridad, aunque ello suponga la reducción del crecimiento y el empleo, la caída adicional de las rentas de las familias y el aumento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Y asistimos a esta amenaza de nueva vuelta de tuerca con la complicidad partidista de la Comisión Europea.

La revisión de las previsiones macroeconómicas del mes pasado refleja lo que ya se sabía, en España y en Europa: que los Presupuestos Generales del Estado para 2016 son irreales, que sus cifras son ficticias y que, en consecuencia, el Programa de Estabilidad presentado por el gobierno carecía de credibilidad desde su presentación. Esto ya lo denunció el Comisario Moscovici en su momento y el Eurogrupo le llamó la atención, particularmente apoyado por los señores Dijsselbloem y Schäuble que, en una insólita intromisión en las elecciones generales del 20 de diciembre, presionaron para que se admitiesen los PGE, aun cuando sabían que tendrían que exigir su rectificación tras las elecciones, como de hecho ha ocurrido. Cabe preguntarse si se lo hubieran admitido a otro gobierno.

Hoy asistimos a otra amenaza desde la Comisión Europea: Bruselas aplaza hasta julio su decisión sobre multar a España por incumplir el déficit. Y podemos entender también que habrá multa o no en función de quién forme el próximo gobierno y de su disposición a continuar con la política de recortes que se le imponga, aunque no cumpla los objetivos de déficit. El problema es que ya no hay margen para aumentar la deuda.

Para UGT, España no puede continuar recortando gasto público en partidas fundamentales, no si queremos salir en algún momento de la crisis, algo que no se hará con tasas de crecimiento a la baja y reducciones en el ritmo de creación de empleo, que crece muy despacio, a pesar de ser un empleo de baja calidad y salarios de miseria.

Es necesario cambiar radicalmente la política económica y dejar de hacer políticas que favorecen el incremento de la desigualdad y la pobreza. Hay que gastar, el gasto público es necesario, debe aumentar el gasto público en partidas esenciales para el desarrollo: inversiones industriales, I+D+i, protección social y servicios públicos esenciales. Y para poder pagarlo, es necesario revertir las nefastas políticas de ingresos que también han caracterizado al gobierno del PP: bajadas de impuestos a las rentas más altas (como la que ha prometido ahora, otra vez, Rajoy en caso de ser reelegido) y política de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, otra medida que tampoco crea empleo pero que da al traste con la recaudación necesaria para atender el gasto.

Necesitamos recaudar y hay margen más que suficiente: nuestro país recaudó un 38,2% del PIB en 2015. Además, esto supone una reducción de cuatro décimas respecto a la recaudación en 2014. Este es un dato que no se corresponde con la Unión Europea, cuyo nivel de recaudación es del 45,0%, y que en el caso de la zona euro se eleva al 46,6%, según datos de Eurostat. La política seguida en los últimos años ha implicado un recorte de gasto entre 2012 y 2015 de casi cinco puntos, mientras la recaudación apenas ha aumentado en siete décimas, como consecuencia de una política fiscal claramente regresiva.

España necesita una reforma fiscal que permita avanzar en la reducción esos casi ocho puntos y medio de ingresos públicos que nos separan de Europa. De ese modo, podremos practicar la política expansiva que nuestro país precisa para salir de la crisis y acometer el necesario cambio de modelo productivo, para consolidar y mejorar la senda de crecimiento económico, para crear empleos de calidad y en cantidad suficiente.

Teniendo en cuenta la diferencia recaudatoria con Europa, hay un margen de incremento de ingresos públicos que permite garantizar la suficiencia del sistema no solo sin continuar con la política de menor gasto social, sino recuperando los niveles de años anteriores y avanzando en el todavía escaso y precario Estado de Bienestar en España, así como atendiendo una política económica expansiva que colabore al crecimiento económico y la creación de empleo.

Una reforma fiscal basada en los principios de suficiencia, justicia y equidad, a través de una política real de lucha contra el fraude, una fiscalidad más progresiva, que tenga más en cuenta el nivel de renta de los contribuyentes y recuperando la equidad en el tratamiento de las distintas fuentes de renta.

El adelantamiento en la bajada del IRPF de enero de 2016 a julio de 2015 por motivos meramente electoralistas es uno de los factores que han provocado el desvío del déficit que ahora Europa pretende multar y que se enjugue con más recortes. No podemos continuar con la política de destrucción de servicios públicos. Por tanto, es necesario aumentar la capacidad recaudatoria del sistema, recuperando los impuestos y con un compromiso cierto de lucha contra el fraude fiscal.

La población española no puede soportar más sufrimiento. La austeridad ha demostrado más que suficientemente su absoluto fracaso y necesitamos de manera inmediata un cambio de orientación de la política económica. Se puede y se debe hacer. Y Europa tiene la obligación de permitir a sus socios abandonar una vía fracasada.

Para iniciar este cambio, UGT reivindica la necesidad de un gobierno de progreso, que se comprometa a adoptar las medidas imprescindibles para atender los problemas más acuciantes de la mayoría de la población, y que revierta la política económica para dirigir a nuestro país hacia una senda de crecimiento equilibrado y sostenible, con un modelo productivo capaz de incrementar el peso de la industria sobre el PIB, que también es un objetivo europeo, un modelo capaz de generar empleos de calidad y en cantidad.