​UGT considera que la ley de desindexación de la Economía, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC como índice de referencia en las actualizaciones de los precios a partir ya de este mes, supone empobrecer aún más a la ciudadanía y continuar debilitando el Estado de Bienestar.

Para el sindicato, esta ley es una respuesta a la histórica demanda de la Troika y otras instituciones europeas que lo único que supone es relegar a este índice de sus funciones a la hora de renovar los precios de los servicios prestados por y a través de las Administraciones Públicas, aprovechando la pretendida eliminación de su papel en los salarios y otras rentas (negociación colectiva, salario mínimo interprofesional, pensiones, ayudas sociales y prestaciones, etc.).

Una medida incoherente más aún cuando el Gobierno plantea un nuevo índice complicado (una combinación del diferencial de precios con la zona euro y la competitividad desde la entrada en la Unión Monetaria), de difícil comprensión por parte de los ciudadanos y que da pie, como en otros ámbitos, al abuso en la renovación de los precios por parte de los prestadores de servicios públicos.

UGT manifiesta que el objetivo de estabilizar los precios no se consigue eliminando el IPC y creando un nuevo índice. Lograr una moderación de precios pasa por la responsabilidad, primero, de las Administraciones Públicas a la hora de tomar decisiones sobre la política impositiva y la determinación de precios públicos y tasas, y segundo, de las empresas, cuya ambición de ampliar los márgenes de beneficios les lleva a incrementar, sin justificación, los precios de los productos.

Por ello, señala que con esta nueva ley podremos encontrarnos con subidas discrecionales de los precios, al albur de las necesidades presupuestarias del Gobierno y de la sed de las empresas que solo consideran como objetivo sus ganancias a corto plazo.　​