​La Cumbre Social reitera su apoyo y solidaridad con los más de 300 encausados por ejercer el derecho a huelga, y en concreto con los 8 sindicalistas de Airbus, que a partir de mañana martes se sentarán en el banquillo y para los que el fiscal solicita 66 años de cárcel por convocar y participar en la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

La Cumbre Social cree que la actuación del Ministerio Fiscal constituye un atropello a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y únicamente pretende amedrentar al movimiento sindical e impedir el libre ejercicio del derecho de huelga. “En realidad, es este derecho el que se sentará en el banquillo para vergüenza de la democracia española”.

La Cumbre Social denuncia igualmente los intentos del Gobierno español, ahora en funciones, de acorralar al movimiento sindical y a los movimientos ciudadanos en su estrategia de reivindicación y movilización, cuestionando no solo el derecho de huelga, sino endureciendo el Código Penal y aprobando la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), para convertir el conflicto social en un conflicto de orden público. “Si el derecho de huelga se cuestiona y se incrementa el poder coercitivo del Estado para atajar el conflicto social, la democracia estará en peligro”.

En consecuencia, la Cumbre Social reitera su apoyo a los sindicalistas de Airbus y a cuantas personas del movimiento sindical han sido encausadas por participar en movilizaciones sectoriales o generales, y hace un llamamiento a todas las organizaciones que forman parte de la misma para que participen en los actos y manifestaciones que tienen lugar esta semana coincidiendo con el juicio que se inicia mañana.