​La Cumbre Social Estatal participará en las movilizaciones del Día Internacional para la erradicación de las causas de la pobreza y contra los tratados de comercio e inversión, que se celebrará el 17 de octubre. De esta manera, la Cumbre Social se suma al rechazo de las políticas que generan pobreza, desigualdad y destrucción del medio ambiente.

La Cumbre Social cree intolerable que los poderes públicos y empresas en nuestro país se hayan acostumbrado a convivir con las actuales tasas de pobreza y exclusión social. Una de cada cinco personas vive en España en riesgo de pobreza y exclusión. La desigualdad sigue creciendo y sin embargo, en plena crisis económica y social el número de personas millonarias aumentó el 13% entre 2012 y 2013, lo que nos convierte en el segundo país de Europa con mayores índices de desigualdad.

En el mundo, una de cada nueve personas carece de alimentos suficientes y como señala el comunicado de las organizaciones convocantes, más de 700 millones viven en la más extrema pobreza, y el 70% de las personas pobres son mujeres. "Las 85 personas más ricas del mundo tienen el mismo dinero que los 3.500 millones de personas más pobres del planeta".

Al mismo tiempo, la Cumbre Social condena los tratados de comercio e inversión que las élites del capitalismo mundial, con la complicidad de gobiernos e instituciones políticas, negocian aceleradamente para favorecer los intereses de las grandes empresas multinacionales en detrimento de los consumidores, comerciantes, pequeños productores y de la ciudadanía en general. Igualmente la Cumbre Social advierte del impacto negativo de esos tratados sobre el medio ambiente y los derechos laborales y sociales.

Por todo ello, la Cumbre Social hace suyas las exigencias de las organizaciones convocantes en el Día Internacional para la erradicación de la pobreza: un nuevo modelo económico y social que transforme radicalmente las reglas del juego, para que las personas sean la prioridad; el cumplimiento de las leyes y los reglamentos nacionales por parte del sector empresarial; la regulación de los mercados financieros, principales responsables de la pobreza y la desigualdad en el mundo; la necesidad de que los Estados se comprometan a vincular la política fiscal con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos; y el respeto a los derechos humanos y medioambientales.