Durante la tarde de hoy se ha celebrado el XXI Plenario de la Cumbre Social Estatal, formada por más de 150 organizaciones de la sociedad civil, en el que han participado, entre otros, los Secretarios Generales de UGT, CCOO y USO, Pepe Álvarez, Unai Sordo y Joaquín Pérez da Silva.

En el plenario se ha analizado la realidad laboral de las mujeres, marcada por la precariedad, la temporalidad, los altos niveles de parcialidad y una amplia brecha respecto del salario de los hombres.  Según los datos de la EPA, casi el 74% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, y más de dos millones están desempleadas.

Estas cifras, unidas a un alarmante incremento de la violencia de género, que también tiene su incidencia en el mercado laboral, justifican la movilización del conjunto de la sociedad el 8 de Marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la reunión, se han expuesto los motivos de la huelga general de dos horas por turno convocada por CCOO, UGT y USO, así como de las reivindicaciones y propuestas de acción de las organizaciones que forman la Cumbre Social.

A once años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, son muchos los motivos que mueven a la Cumbre Social Estatal a reflexionar y denunciar las enormes desigualdades que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

En este sentido, fruto del debate en el plenario, las organizaciones integrantes animan a la ciudadanía a participar en las convocatorias para rechazar la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, y en particular, la brecha salarial; denunciar la cronificación del desempleo femenino en nuestro país; oponerse frontalmente a la violencia machista y la insuficiencia de medidas para la protección de las víctimas de violencia de género; y rechazar la insuficiencia de las políticas de igualdad de género del Gobierno de nuestro país.

La Cumbre Social exige a las instituciones actuaciones concretas que pongan fin a la explotación laboral añadida que sufren las mujeres y las distintas formas de violencia de las que son víctimas con medidas como el incremento de la inversión en los PGE en todas las partidas vinculadas con la igualdad de género, la creación de un grupo de trabajo permanente y plural, integrado por Gobierno e interlocutores sociales, para corregir los altos niveles de brecha salarial; acometer la tan necesaria Ley de Igualdad Salarial; aprobar un plan de choque por el empleo que tenga en cuenta la dimensión de género; atajar las desigualdades y discriminaciones de género en el sistema de protección social; o mejorar las prestaciones por desempleo y establecer una renta mínima garantizada como nuevo derecho subjetivo.

Además, es necesario establecer planes de igualdad en las empresas de menos de 250 trabajadores; el registro obligatorio en el REGCON de todos los planes de igualdad; un reparto igualitario de las cargas familiares entre hombres y mujeres; un sistema educativo que promueva principios de igualdad de género en las aulas; un Pacto de Estado contra la violencia machista debidamente financiado y reformas legales para que las víctimas no resulten perjudicadas en su ámbito laboral.

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