​La Cumbre Social estatal​ reitera su oposición a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la ley orgánica del poder judicial, la del Código Penal, la llamada Ley de Tasas, etc. porque constituyen un retroceso sin precedentes en la reciente historia democrática de nuestro país. Estas leyes incorporan nuevas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales y cercenan libertades fundamentales, para con ello acallar la protesta social, lo que es propio de gobiernos autoritarios.

La Cumbre Social denuncia que tras la aprobación de las mismas, se pretende convertir el conflicto social o laboral en un continuo conflicto de orden público; se avanza en una nueva política penal basada en la exclusión social; se limitan las libertades ciudadanas y lejos de ofrecer vías de integración y de expresión articulada de los conflictos sociales, se opta por la acción represiva como lo demuestran los más de 90 procesos abiertos a centenares de sindicalistas por el mero hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga. 

Además, se ponen trabas, en muchos casos insalvables, para acceder en igualdad de condiciones a la acción de la justicia; y se aumenta la capacidad del poder político para imponer sanciones. En definitiva se produce una radical involución de derechos y libertades democráticos.

Por ello la Cumbre Social mantiene su compromiso en la defensa de un Estado de Derecho que garantice las libertades fundamentales constitucionales.​