​La Cumbre Social Estatal apoya las movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales el 11 de abril para rechazar la Ley 18/2014 aprobada con los votos del PP, por la que se entrega la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles. “La ley nace con la oposición de todos los operadores jurídicos y actores sociales y sin que la ciudadanía haya tenido ocasión de conocer el contenido de la misma”, denuncia la Cumbre Social.

La privatización del Registro Civil es un nuevo ataque a los Servicios Públicos. La  Administración de Justicia, que asumía con profesionalidad y eficacia la gestión desde hace 140 años, dejará de hacerlo a partir de julio de 2015.

En consecuencia, la Cumbre Social cree justas y necesarias las movilizaciones que se llevarán a cabo el 11 de abril, convocadas por las empleadas y empleados públicos de los Registros Civiles y apoyadas por los sindicatos de la Administración de Justicia, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en estas movilizaciones que persiguen frenar este nuevo ataque del Gobierno a los derechos democráticos.