​El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha denunciado el aumento de los contratos de muy corta duración, iguales o inferiores a 7 días, durante los últimos años y ha demandado al Gobierno “la información detallada sobre la utilización de estos contratos por parte de las empresas”, para ver si corresponden a una causa justificada.

Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones durante la presentación del informe “Los contratos de corta duración en el mercado de trabajo español” elaborado por UGT, en el que ha intervenido también la economista del gabinete técnico confederal, Ana Viñas, que ha expuesto una radiografía de este tipo de contratación.

De este modo, Viñas ha señalado que “un 22,5% del total de contratos son iguales o inferiores a 7 días. Desde 2007 este tipo de contratos  se ha ido extendiendo considerablemente, un aumento de 10 puntos, produciendo una precariedad en el mercado de trabajo y en los derechos de los trabajadores”.

“La mayor parte de estos contratos son eventuales por circunstancia de la producción. Se firman para hombres y mujeres, en especial en edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Se concentran fundamentalmente en el sector servicios (85%), aunque el ámbito de actuación es amplio, abarcando a profesiones de mayor formación. Y se agrupan en pymes de hasta 25 empleados, pero la incidencia por tamaño es superior en las empresas medianas (de entre 26 y 1000 empleados)”.

Durante la presentación, Toni Ferrer ha señalado que “el informe pone a la luz un fenómeno que viene de lejos. A principio de los años 90 los sindicatos ya denunciamos este tipo de prácticas y la Seguridad Social impuso una sobrecotización a las empresas que utilizasen estos contratos de un 36%, excepto a los contratos de interinidad y a las actividades agrarias”.

“Esto sigue vigente, pero la Seguridad Social ya denunció en el año 2010 que muchas empresas estaban utilizando este tipo de contratación pero no pagaban el sobrecoste. Por ello, hemos pedido al Gobierno la información detallada sobre la utilización de estos contratos y que nos explique qué ingresos ha habido en el sistema por esa sobrecotización”.

En este sentido, ha manifestado que “son contratos que dañan al trabajador porque es la precariedad más extrema. Son personas condenadas a no tener cualificación ni carrera profesional, y también influyen en la seguridad y salud en el trabajo y en la conciliación. Pero también tiene efectos en las empresas, ya que son contratos que no mejoran la productividad ni aportan valor añadido, además de ser un factor de competencia desleal y dañar al interés general, ya que hay mucha discriminación de ingresos en el sistema público de pensiones y un difícil acceso a las prestaciones”.

Por ello, ha expuesto las medidas necesarias para erradicar estas prácticas “enraizadas en el abuso y el fraude, como son que la Tesorería haga un seguimiento para comprobar si efectivamente se efectúan los ingresos extras por parte de las empresas que utilizan esta contratación o no están pagando; y aumentar los medios para la vigilancia y el control, por parte de la Inspección de Trabajo, para comprobar si los contratos de menos de 7 días obedecen a causa justificada o se está haciendo fraude”.

Además, es necesario “aumentar las sanciones por fraude y penalizar el uso injustificado de estos contratos para aquellas empresas que, de manera habitual y reincidente, utilicen sin justificación estos contratos, exigiendo la justificación de establecer estos contratos; y ampliar el ámbito de aplicación del sobrecoste para las empresas a los contratos indefinidos, ya que muchos terminan en el periodo de prueba, que son esos 7 días”.

Para UGT, “es urgente y necesario abrir este periodo de negociaciones con el Gobierno, que ya estaba comprometido en el acuerdo tripartito de julio de 2014 y aún no se ha hecho. El Gobierno y los empresarios no pueden defender este tipo de prácticas, que son negativas para todos, para el sistema público, para las empresas y para los trabajadores”.

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