​UGT ha remitido al regulador nacional de telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), su visión sobre la futura normativa que vertebrará los despliegues de las redes de alta velocidad sobre fibra óptica en España.

En respuesta a la consulta pública sobre los mercados mayoristas de banda ancha, UGT ha defendido la necesidad de convertir la competencia en un instrumento para la creación de empleo, que persiga un crecimiento económico sostenible en base a la generación de puestos de trabajo de calidad y alta cualificación.

UGT ha reprochado a la CNMC la inexcusable omisión de la cuestión del empleo en todo el documento sometido a consulta –la palabra “empleo” no se menciona en 213 páginas–, sobre todo teniendo en cuenta que el sector ha perdido el 37% de sus puestos de trabajo desde 1998 (36.000 empleos) y el 26% desde 2008 (21.500 empleos menos en sólo seis años) como consecuencia de las desafortunadas políticas regulatorias:

Con el fin de frenar esta dinámica y volver a colocar al sector de las comunicaciones en el lugar estratégico que le corresponde dentro de la economía digital, UGT ha propuesto una regulación sectorial basada en la competencia efectiva en infraestructuras, donde se prime a los actores que inviertan, tanto en redes como en personas, y que se distingan por proporcionar calidad del servicio por encima de los precios y que persiga el fin de la brecha digital en cualquiera de sus tipologías.

Para ello, UGT presenta un modelo de segmentación sectorial, que aúna compromisos de inversión por parte de los operadores que deseen competir –sometidos por igual a las normas de Servicio Universal y derechos de los usuarios– con inversión pública en zonas desfavorecidas, pasando por el cese total de obligaciones de acceso desagregado o indirecto en zonas donde existe una competencia real en infraestructuras. Ahondando en este aspecto, UGT reclama que la regulación obligue a los operadores entrantes a compromisos de inversión a medio y largo plazo, aplicándose una normativa en base a una igualdad de trato transitoria, reversible, acotada y vinculada a obligaciones futuras de despliegue de nuevas infraestructuras.

UGT considera el marco regulatorio de las telecomunicaciones vigente hasta la fecha se ha basado únicamente en conceptos de competencia y liberalización de mercados, sin importar el impacto de las sucesivas regulaciones en el empleo, tanto en su vertiente de estabilidad como de calidad (o precarización, si queremos ser exactos). En definitiva, UGT exige al regulador que no se quede impasible ante esta sangría. Es su deber atender el aspecto del empleo como parte fundamental, esencial e irrenunciable de sus políticas regulatorias: la competencia y la regulación no pueden vertebrarse de espaldas al mercado de trabajo.​