Una de cada 9 personas en el mundo carecen de alimentos suficientes y más de 700 millones viven en la más extrema pobreza, que cada vez es más extrema, intensa y crónica, por lo que resulta necesario cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población.

Además, los tratados de comercio e inversión que actualmente están en negociaciones únicamente favorecen los intereses de las grandes empresas trasnacionales en detrimento de los pequeños productores y comerciantes y de la propia ciudadanía.

Por ello, se exigen políticas públicas más sociales para cumplir con los derechos humanos, que fomenten el empleo de calidad y salarios dignos; un plan de implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación activa de la ciudadanía; y políticas coherentes con la justicia global, promoviendo los sistemas fiscales suficientes, equitativos y progresivos como una de las herramientas más poderosas para afrontar las desigualdades dentro de cada país.

Solo podremos acabar con esta lacra si ponemos a las personas por encima de los beneficios económicos de las multinacionales. Las políticas deben ser coherentes y consecuentes con los compromisos constitucionales, europeos e internacionales en materia de derechos humanos y medioambientales.