​La Unión General de Trabajadores suscribe la declaración que han firmado hoy Hassan Yussuf y Luca Visentini, Presidente del Congreso del Trabajo (CLC) de Canadá y Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), respectivamente, que exige más elaboración, trabajo y concertación antes de la firma definitiva del Acuerdo Económico y Comercial Global UE – Canadá (CETA).

Un acuerdo que es mucho menos conocido que el Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU (TTIP) pero más dañino si cabe. Está previsto que este acuerdo se firme en el próximo mes de junio. Las negociaciones se iniciaron en 2009 y están cerradas desde el pasado mes de marzo, pero estas negociaciones han sido completamente opacas, tal y como ha sucedido con el TTIP, aunque la Comisión Europea quiera demostrar ahora mayor transparencia con éste último.

Para el movimiento sindical, el CETA puede constituir un precedente muy dañino porque contiene aspectos peligrosos, como el caso del sistema de resolución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS), la vaga definición de los servicios públicos y su consiguiente liberalización versus privatización, la falta de aplicación de determinados convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o la peligrosa lista negativa de materias cubiertas por el tratado, entre otros, lo que conlleva, en todos los casos y niveles, pérdidas de derechos laborales. Además, tampoco contempla mecanismos de acuerdo con los sindicatos que puedan garantizar el cumplimiento de las normas laborales o convenios colectivos; y aún no se han realizado la evaluación del impacto social, ambiental y económico del mismo, responsabilidad que incumbe a la Comisión Europea.

Comunicado de prensa de la CES sobre la Declaración conjunta firmada entre la CES y CLC-Canadá:

Los sindicatos UE - Canadá están de acuerdo en que se necesitan 5 cambios clave en el texto del  CETA negociado en secreto y que ahora "se supone que ya no está abierto al debate".

Los 5 cambios son:

1. Transformar el "proceso para los inversores privilegiados (VIP) extranjeros" en un acuerdo entre países "con sistemas judiciales plenamente desarrollados y eficaces".

2. Las violaciones de las disposiciones laborales del CETA deben "estar sujetas a un proceso de solución de conflictos y sanciones en última instancia". La declaración conjunta de los sindicatos señala que "la situación privilegiada para los inversores está en claro desfase con las condiciones  de trabajo habitualmente vulnerables y sin ningún mecanismo de garantía".

3. Es necesario asegurar que los nuevos servicios no estarán sujetos a la "liberalización por defecto", como resultado de la denominada "lista negativa" de los servicios que están excluidos de la liberalización. Los sindicatos afirman que "ningún Gobierno sensato puede contraer razonablemente tal compromiso".

4. Excluir categóricamente los servicios públicos de la liberalización.

5. Eliminar el acceso "incondicional" de las empresas extranjeras a los contratos públicos.  Aun abriendo a las empresas extranjeras la posibilidad de conseguir contratos, los sindicatos defienden que los “los gobiernos nacionales deben tener la capacidad de imponer condiciones sociales y medioambientales en las licitaciones públicas”.

La declaración concluye:

"Los últimos cambios en las disposiciones de arbitraje internacional muestran que es posible y legítimo mejorar la CETA ", y que “si el texto no se ajusta para satisfacer nuestras preocupaciones tendremos que recurrir a la lucha sindical para rechazar el CETA".