La Comisión Europea ha presentado la Brújula de Competitividad, una estrategia diseñada para reforzar la posición económica de la UE en el escenario global. No obstante, desde una perspectiva sindical y social, este plan suscita serias preocupaciones, pues prioriza la reducción de costes empresariales y la flexibilización del mercado laboral sobre los derechos de las personas trabajadoras y la calidad del empleo.

La Brújula de Competitividad se sustenta en tres ejes principales: innovación, descarbonización y seguridad. Sin embargo, su visión de la competitividad parece orientarse hacia la liberalización del mercado en detrimento de la estabilidad y las condiciones laborales. Por ello, desde el ámbito sindical se han identificado diversos riesgos asociados a esta estrategia.

Uno de los aspectos más preocupantes es la posible creación de un "28º régimen empresarial", que permitiría a ciertas empresas operar bajo un marco normativo paralelo, lo que supondría un debilitamiento de los derechos laborales en los Estados miembros, al fomentar una competencia desleal basada en la reducción de las garantías para las personas trabajadoras.

También preocupa el impulso de reformas en los sistemas de pensiones centradas en el retraso de la edad de jubilación, sin considerar sus impactos sociales y de salud, lo que agravaría la inseguridad económica de las personas trabajadoras en edad avanzada.

Asimismo, carece de compromisos claros para garantizar que la transición verde y digital genere empleos de calidad, lo que podría aumentar la precarización del mercado laboral. A esto se suma la canalización de inversión pública hacia el sector privado sin incorporar criterios sociales, lo que impide condicionar estos fondos a la creación de empleo estable y de calidad.

Un marco jurídico y político en entredicho

La Brújula de Competitividad entra en conflicto con principios esenciales del Derecho de la Unión Europea, particularmente con el artículo 3 del Tratado de la UE (TUE), que establece el compromiso con una economía social de mercado orientada al pleno empleo y el progreso social. Además, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017, consagra el derecho a condiciones de trabajo justas y protección frente a la precariedad, principios que este plan parece desatender en favor de la competitividad a corto plazo.

Desde una óptica política, este enfoque recuerda a las estrategias aplicadas tras la crisis financiera de 2008, que apostaron por los recortes y la desregulación del empleo. Lejos de impulsar una recuperación sólida y equitativa, estas políticas derivaron en un aumento de la precariedad, el estancamiento salarial y una mayor desigualdad, debilitando el tejido social y económico en numerosos países. Los efectos de aquellas decisiones aún resuenan en la actualidad, evidenciando la necesidad de modelos que prioricen el fortalecimiento del capital humano y la creación de empleo de calidad.

Paralelismos con los informes Draghi y Letta

La estrategia de la Comisión refleja la influencia del informe Draghi, que advierte sobre la pérdida de competitividad de la UE frente a otras potencias económicas. No obstante, en lugar de impulsar un modelo de alto valor añadido basado en la innovación y la estabilidad laboral, la Brújula de Competitividad parece reincidir en planteamientos neoliberales que han fomentado la desigualdad y la precariedad.

Por su parte, el informe Letta, que analiza el futuro del Mercado Único, insiste en la necesidad de reforzar la integración económica sin perder de vista la protección de los derechos laborales y sociales. En este sentido, la estrategia de la Comisión parece obviar la relevancia del diálogo social y la participación sindical en la construcción de un mercado laboral justo.

Una alternativa sindical mediante la competitividad con derechos

Desde el sindicalismo de clase se defiende una visión alternativa de la competitividad europea, basada en la garantía de condiciones laborales dignas mediante el refuerzo de derechos mínimos en toda la UE. Para lograrlo, es fundamental que la inversión pública destinada a la transición ecológica y digital se vincule directamente a la generación de empleo estable y bien remunerado, evitando que estos procesos de transformación sirvan para precarizar aún más el mercado de trabajo.

Además, es imprescindible reforzar la negociación colectiva y la participación sindical en las decisiones económicas para asegurar que las personas trabajadoras sean parte activa en la transformación productiva y que sus derechos no queden subordinados a intereses empresariales de corto plazo. Una estrategia industrial justa debe impulsar la innovación sin que ello implique el sacrificio de las condiciones laborales.

La Brújula de Competitividad ofrece una visión limitada y parcial de los retos económicos de la UE. En lugar de apostar por una economía de alto valor añadido y empleo estable, la Comisión parece dispuesta a flexibilizar derechos en nombre de una competitividad mal entendida. Europa necesita un modelo económico que priorice el bienestar social, la sostenibilidad y la justicia laboral sobre los intereses de las grandes corporaciones.