​La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos ha acordado conceder el Premio “Puñetas de Oro” en su quinta edición 2015, a la Plataforma Justicia para Todos de la que UGT es miembro junto con Consejo General de la Abogacía de España, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, USO, CSIF y STAJ.

Junto a la Plataforma, en esta edición se ha concedido el Premio “Puñetas de Plata” al anterior Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce; el Premio “Puñetas de Bronce”, al Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ; el “Premio Periférico” al magistrado Emilio Calatayud y por último el Premio “Vete a Hacer Puñetas”, a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los Premios Puñetas, reconocen anualmente la labor de quienes, desde distintos estamentos jurídicos y sociales, realizan una labor sobresaliente en el mundo del Derecho  y la Justicia. En esta edición se ha tenido en cuenta la contribución que los distintos miembros han realizado en aras de la derogación de la Ley de Tasas para los ciudadanos y a evitar la privatización de los Registros Civiles en España, entre otras cuestiones.

UGT ve con grave preocupación la reforma legislativa que revisaba e implantaba el sistema de tasas judiciales en la administración de justicia, al considerarla injusta, por incorporar el copago o repago y por tener un claro afán recaudatorio, constituyendo un  ataque al estado de bienestar y al principio de tutela judicial efectiva, ya que disuadía a los ciudadanos de rentas inferiores de poder litigar en defensa de sus derechos, dando lugar a dos tipos de justicia: una para ricos y otra para ciudadanos que carecían de recursos económicos suficientes para litigar.

Si bien la citada ley ha sufrido una derogación parcial, el sindicato entiende que debería ser extensible dicha exención a Pymes, Cooperativas y ONG.

UGT seguirá defendiendo la Justicia como Servicio Público esencial y apostando por  una Justicia rápida, ágil y cercana para que aquel ciudadano que se acerque a nuestros Juzgados pidiendo ser oído, reciba una respuesta motivada en un tiempo razonable.

Igualmente, desde UGT se abogará porque el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos sea gratuito y que toda iniciativa legislativa debe estar orientada al servicio de garantizar los derechos de la ciudadanía ante la justicia, sin que sean admisibles restricciones presupuestarias, que deterioren la prestación del servicio por falta de recursos personales y materiales.

Además, el sindicato entiende que cualquier reforma dentro de la Administración de Justicia debe desarrollarse conforme al principio de participación ciudadana en el servicio de la justicia, para hacer efectivo el principio constitucional que reconoce a los ciudadanos la participación en la vida política, económica, cultural y social.