​En el día de ayer, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio el visto bueno al proyecto de Orden por la que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, entre ellas los extranjeros en situación administrativa irregular.

UGT rechaza este proyecto de convenio porque rompe con el actual modelo sanitario público y universal, quiebra el principio de solidaridad y profundiza en el repago de los servicios que con anterioridad se cubrían con los impuestos que pagamos los contribuyentes.

El Ministerio parece pretender que se acojan a este Convenio, tanto las personas en situación administrativa irregular, como aquellos extranjeros residentes que no tengan la condición de asegurado o beneficiario por otras vías. Entre ellos, sin duda estarán, aquellos residentes regulares que no puedan conseguir de sus países de origen la documentación necesaria para solicitar la asistencia sanitaria para personas sin recursos.

Resulta llamativo que, al mismo tiempo que se elimina un derecho a los extranjeros en situación administrativa irregular por entender que no se trata de un derecho fundamental y por la falta de regularidad de su estancia en España, se permita que suscriban un convenio con las Administraciones Publicas para percibir esa asistencia, previo pago.

En este sentido, UGT muestra su preocupación por las consecuencias que puede tener la firma de este convenio para los extranjeros en situación administrativa irregular, ya que en ningún momento en la Orden se señala si el servicio de salud con el que se suscriba, está obligado o no, a comunicarlo a las autoridades en materia de extranjería.

Además, este convenio únicamente permite a quienes lo suscriban, el acceso a la cartera común básica de servicios asistenciales; es decir, quedan fuera prestaciones como la farmacéutica, la ortoprotésica, transporte sanitario no urgente, apoyo a la mejoría de una patología crónica, etc. Una decisión que, vulnera lo establecido en la Ley 16/2003 que en su artículo 3.5 prevé que, mediante la suscripción del convenio especial, quienes no tengan la condición de asegurado o beneficiario, obtendrán la “prestación de asistencia sanitaria”. “Prestación de asistencia sanitaria” según la misma Ley, son el conjunto de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, tanto las incluidas en el proyecto de Orden, como las que han quedado fuera del mismo. El Gobierno no solo ha hecho una interpretación restrictiva, sino contraria al texto de la Ley, y que dejará en una situación aún más precaria de salud y económica, tanto a los inmigrantes en situación administrativa irregular como a otros colectivos de extranjeros residentes, que no tengan la condición de asegurados o beneficiarios y suscriban este convenio.

Respecto a la cuantía, que puede variar en cada Comunidad Autónoma, es evidente que los extranjeros comunitarios y no comunitarios residentes regulares o irregulares, no van a poder afrontar el pago de la cuota que establezcan los servicios de salud. Una situación que se agrava en el caso de núcleos familiares en situación irregular o con ingresos precarios, puesto que cada persona tiene que suscribir un convenio individual y tendrán además, que hacer frente al coste total de las prestaciones no incluidas.

 ​​