​Los datos de IPC publicados en el día de hoy muestran un aumento de los precios en cinco décimas respecto al mes de mayo, situando la tasa anual en el -0,2%. Once meses ya con la tasa en negativo, el mayor período de deflación de toda la serie histórica, debido a la continua caída de los costes laborales, al descenso de los precios del petróleo y al recorte de las rentas de las familias de nuestro país. Para la Unión General de Trabajadores, es imprescindible otra política económica que impulse un nuevo crecimiento más eficiente y sostenible y genere más empleo y de mejor calidad, mejorando, entre otras cuestiones, los salarios de los trabajadores para impulsar la demanda interna y poder salir así de la crisis. Una recuperación sólida solo será posible con mejores salarios, imprescindibles para reducir los elevados niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social existentes en nuestro país. En este sentido, el Gobierno no puede atender las desastrosas recetas del FMI y el Banco de España, que ya promovieron en 2010 y que han generado más paro, más crisis y más empobrecimiento de la población española. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de mayo ha aumentado cinco décimas respecto del mes anterior, situando su tasa anual en el -0,2%. 

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ha aumentado un 0,3% en el mes, y en términos interanuales se sitúa en el 0,5%, dos décimas más que en abril, y siete por encima de la tasa general.

 

 

El IPC en mayo continúa en negativo (-0,2%), y con este van ya once meses, el mayor período en deflación de toda la serie histórica (el otro período que estuvo en negativo fue de marzo a octubre de 2009). Incluso la inflación subyacente, que elimina los componentes de evolución más volátil, viene mostrando una situación de estancamiento estructural de los precios (el 0,5% alcanzado en mayo, siendo una tasa muy baja, es la mayor desde septiembre de 2013). La caída de los costes laborales de los últimos años, el descenso de los precios del petróleo y la prudencia en el consumo de las familias determinan esta situación. 

La inflación hace tiempo que no es un problema para nuestra economía. España lleva 21 meses con una inflación inferior a la de la zona euro, lo que otorga una ventaja competitiva a nuestras empresas frente a sus competidoras de la zona. El lastre de nuestro país es el elevadísimo desempleo, y la falta de unas bases productivas que permitan construir un crecimiento económico más sólido y equilibrado. Ahí es donde deben centrarse las políticas económicas, en impulsar un nuevo crecimiento más eficiente y sostenible y en generar más empleo y de mejor calidad. 

Para ello, son necesarias varias líneas de actuación simultáneas, todas importantes. Desde Europa es preciso que la política monetaria, además de mantener su tono actual relajado, incida directamente sobre las familias y las empresas, evitando comportamientos ineficientes y sesgados de las instituciones financieras. Por el lado fiscal, es imprescindible un potente impulso inversor, que implique recursos públicos europeos muy superiores a los que dedica el Plan Juncker. Debe implementarse un Plan como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que plantea inversiones extraordinarias por una cuantía equivalente al 2% del presupuesto europeo cada año durante una década.

A nivel nacional, se requieren actuaciones en materia fiscal para lograr una mayor recaudación, reequilibrando las cargas tributarias y luchando contra el fraude de manera más intensa y eficaz, y un cambio de prioridades presupuestarias, reforzando las partidas dedicadas a educación, sanidad, I+D+i, difusión tecnológica, políticas activas de empleo y consolidación de los sistemas básicos de protección social (ayudas sociales).

Pero además de estos cambios imprescindibles en las políticas públicas, es preciso que mejoren los salarios de los trabajadores, para reforzar la demanda interna, y con ella, el crecimiento generador de empleo. Si los trabajadores no consolidan su consumo y mejoran su calidad de vida no habrá recuperación, ni se podrá hablar de salida de la crisis. 

Por eso el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (III AENC), firmado el pasado lunes día 8 de junio por las organizaciones sindicales UGT y CCOO y empresariales CEOE y CEPYME, supone una importante contribución a la recuperación de nuestro país, tanto por su contenido concreto como por el refuerzo que supone para la confianza en nuestra economía. Es un acuerdo que, además de fortalecer elementos clave de la negociación colectiva que la reforma laboral del Gobierno había desguazado, plantea un necesario cambio de paso de los incrementos salariales, adaptándose a la nueva etapa de crecimiento económico. El Acuerdo recoge aumentos de hasta el 1% en 2015 y hasta el 1,5% en 2016, mejorables en las empresas según su productividad y resultados, y con una garantía de que los aumentos salariales en 2015 y 2016 serán mayores que la inflación. Es decir, el acuerdo apuesta por que los asalariados ganen poder de compra, sin perjudicar la necesaria competitividad de las empresas, en el contexto actual de baja inflación. 

Los salarios son la principal fuente de ingresos de millones de hogares en nuestro país, el soporte esencial del consumo (o lo que es lo mismo, de las ventas de las empresas), y en consecuencia, el motor principal de la economía. Por eso una recuperación sólida solo será posible con mejores salarios. Además, la mejora salarial es imprescindible para reducir los elevados niveles de pobreza, desigualdad y riesgo de exclusión social que ha alcanzado España, y que la sitúan a la cabeza de Europa en tan lamentables registros. 

Nuestro país ha entrado en una nueva fase de expansión, pero aún tiene graves desequilibrios económicos y sociales, especialmente un desempleo desorbitado y unos niveles de pobreza y desigualdad intolerables. Es necesario recordar ahora lo sucedido en 2010, cuando Europa parecía estar saliendo de la fase recesiva y el cambio de políticas a nivel europeo, con un brusco giro hacia los recortes y la austeridad extrema, arruinó esa recuperación y sumió a la zona en una nueva y muy grave etapa recesiva, destruyendo de nuevo millones de empleos. 

La situación actual exige aplicar lo que dice la racionalidad económica, que es apuntalar el crecimiento económico con las medidas públicas arriba señaladas y con una mejora de los salarios en la negociación colectiva, desoyendo las desastrosas recetas que desde su atalaya ideológica siguen recomendando organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, las mismas que defendieron y promovieron en 2010 y que ya sabemos que solo han generado más paro y empobrecimiento.