El Acuerdo de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado por el Consejo Territorial el pasado 28 de junio supone un cumplimiento sólo parcial del Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque para la plena implementación del Sistema de Dependencia, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (MDS)

El elemento más destacable del texto aprobado consiste en la puesta en marcha de un nuevo modelo de atención integral centrada en la persona; modelo que es compartido y saludado por UGT y CCOO. Si bien, en nuestra opinión, la concreción material que se le ha dado finalmente no define de forma suficiente la importancia que la dimensión laboral despliega precisamente en el propio modelo. Sin un número suficiente de trabajadoras y trabajadores que presten los servicios profesionales de atención y cuidado en unas condiciones laborales de calidad, el nuevo modelo de atención quedará condicionado a una serie de protocolos formales (tamaño de centros, definición de unidades de convivencia, actualización de régimen interior, etc.) que son necesarios, pero insuficientes por sí mismos para alcanzar el objetivo de calidad en la atención que persigue la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia.

Los sindicatos UGT y CCOO lamentan que el Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), no garantiza ni la calidad en el empleo ni la calidad en el servicio. A lo largo de todo el proceso de negociación, CCOO y UGT hemos asistido a una edulcoración de las propuestas presentadas, hasta que prácticamente han quedado diluidas; propuestas, que para los sindicatos son básicas a la hora de asegurar unos servicios de calidad, atendidos con profesionales del sector y con unas ratios de plantilla que permitan dispensar unos servicios suficientes.

El resultado global del acuerdo ha dejado los conceptos más abiertos y en muchas ocasiones al arbitrio de la aplicación en las Comunidades Autónomas. No podemos obviar, que este acuerdo en muchas de las cuestiones planteadas es de mínimos por lo que, a nuestro juicio; más que favorecer la igualdad en el sistema de dependencia, consideramos que favorece las diferencias territoriales y la inequidad de los y las ciudadanas en función del territorio de residencia.

El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD. Entre ellos, se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros, tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.
Pese a que el Gobierno, está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023, el Ministerio de Derechos Sociales, no ha vinculado la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.

Se establece un nuevo punto de financiación en el que el grado de cumplimiento del acuerdo estará condicionado a la disponibilidad presupuestaria que se haya acordado en los convenios de colaboración. Entendemos que según se cumplan los criterios y objetivos pactados, el Ministerio realizará la distribución de las partidas económicas según el nivel de logros observados, siempre en el interés de una mejora continua del Sistema.

Hemos de recordar que el Acuerdo de acreditación regula las condiciones básicas de empleo que han de cumplir los centros y servicios que operan en el sistema de dependencia; tales como, las ratios de plantilla (el número de trabajadores/as por persona beneficiaria atendida), la cualificación profesional que deben cumplir las plantillas para garantizar una atención de calidad, garantías mínimas de contratación (temporalidad, jornada, etc.). En este Acuerdo, las ratios presentadas especialmente para las plazas residenciales resultan insuficientes para los y las trabajadoras del sector; con unos porcentajes que quedan por debajo de la media de todo el territorio y además amplían el tiempo de exigencia hasta diciembre del año 2029. Todo ello, incardinado en un nuevo modelo de proximidad y autonomía para el beneficiario que se pretende implantar y que claramente se contradice con las ratios de exigencia aprobadas.

Destaca entre todas ellas, la congelación indefinida de las ratios de plantilla (el número de profesionales por cada persona beneficiaria que debe estar atendida) en los centros de día para personas mayores dependientes en 1 cuidador/a, gerocultor/a o similar de atención directa por cada 6,7 personas mayores atendidas. Una cifra que se mantiene sin cambio desde 2008.

Y, más grave aún, en los centros residenciales de personas mayores dependientes, la norma estatal dejará de exigir un número mínimo de trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2023, y aún entonces, hasta el año 2029 el requisito será inferior al que hoy se exige en algunos de los territorios. Cuando el 31 de diciembre de 2023 vuelva a operar la exigencia de una ratio mínima de atención, cada una de las gerocultoras/es tendrá que atender a 3,2 personas residentes. Está previsto que esta ratio se incremente anualmente hasta el año 2029 pero sólo de forma moderada ya que entonces cada gerocultor/a tendrá que atender a 2,3 personas mayores; y aun así, estas ratios quedan expresamente condicionadas a que el Estado aumente aún más su aportación a la financiación del sistema.

Se pierde una oportunidad inaplazable a la hora de regular, la tan esperada coordinación sociosanitaria, dejando sin desarrollar los instrumentos permanentes de colaboración entre niveles. Se hacen referencias a la contratación de personal que haga funciones de enlace pero parece una definición excesivamente laxa o poco concreta respecto de las características de cualificación profesional que se le han de exigir de este trabajador/a. Nuestra propuesta siempre ha sido que en los centros residenciarles de más de 30 plazas cuenten con, al menos, con personal médico o enfermera/o enfermero.

Desde UGT y CCOO reivindicamos el cumplimiento de los objetivos del Plan de Choque, en listas de espera, prestaciones profesionales, calidad en el empleo, aumento de las intensidades de las prestaciones, que pese a la inversión económica realizada por el Ministerio, claramente importante pero todavía insuficiente, se pueda contrastar en una mejora en la calidad global del Sistema de Dependencia. Exigimos al Ministerio de Derechos Sociales y a las CCAA que se cumplan estos requisitos y sean ratificados en los distintos presupuestos del 2023.