​Delegaciones de ambos sindicatos se han reunido con el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, para abordar diversas cuestiones de amplio calado social que viene impulsando ese Ministerio, entre las que se encuentran los efectos de la llamada Ley de Segunda Oportunidad y la reforma del Código Penal, manifestando la necesidad de impedir la criminalización de la actividad sindical.

CCOO y UGT han mostrado su disconformidad con la solución dada por el Congreso y el Senado a esta materia, en la medida que mantiene en el Código Penal una norma que sigue contemplando el ejercicio de la actividad sindical como un agravante, y que permite la acusación contra centenares de sindicalistas de penas de prisión de más de tres años y medio en todos los casos, cuando los hechos no incluyen ningún género de comportamiento violento, ni de daños a personas o bienes.

Igualmente han reclamado una solución urgente para los casos en los que se han dictado sentencias condenatorias que suponen el ingreso en prisión de varios trabajadores y trabajadoras huelguistas, máxime cuando los propios tribunales sentenciadores reconocen la desproporción de la pena prevista legalmente y la necesidad de evitar el ingreso en prisión. El Ministerio ha informado de la voluntad de agilizar las medidas de indulto para estos casos, a fin de remediar la situación personal, en tanto se tramita la ley que impone la revisión de dichas penas.

En relación con la dimensión social y laboral que tiene el Real Decreto-Ley sobre segunda oportunidad, las confederaciones sindicales han trasladado al ministro la insuficiencia de las medidas previstas en dicha norma y la precipitación con que se ha adoptado, sin el mínimo proceso de dialogo ni participación social. Es necesario apurar la tramitación como Proyecto de Ley para hacer efectivo un mecanismo que impida los injustos desahucios que se están produciendo en nuestro país y que afectan directamente a los trabajadores y a las familias.

UGT y CCOO han denunciado asimismo los inaceptables efectos laborales de la llamada segunda oportunidad, al paralizar los procesos para hacer efectivo el pago de salarios e indemnizaciones por despido ante la crisis de la pequeña y mediana empresa, sin permitir el acceso al Fondo de Garantía Salarial. También han rechazado la posibilidad de sustituir la obligación de pago de deudas laborales, mediante la reducción de la deuda, el aplazamiento de su pago hasta 10 años, o su sustitución con activos tóxicos de la empresa, lo que requiere una urgente modificación legal.

Se acuerda, tanto respecto al artículo 315.3 del Código Penal como respecto al RDL sobre la Segunda Oportunidad, que las Confederaciones Sindicales enviaran sus propuestas para ser analizadas por el Gobierno y en su caso incorporadas a los trámites parlamentarios abiertos al respecto.

Finalmente, ambos sindicatos han puesto en evidencia el interés de las organizaciones sindicales en abordar la mejora de la respuesta penal ante los supuestos de corrupción política, a cuyo fin enviarán al Ministerio de Justicia sus propuestas en relación con la ya iniciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.