UGT y CCOO han remitido al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) un amplio informe en el que detallan los incumplimientos del Gobierno español de la Carta Social Europea (CSE), fundamentalmente tras la aprobación de la reforma laboral y el ataque al derecho de huelga. Las decisiones del CEDS son vinculantes para los Gobiernos.

 

El informe elaborado por UGT y CCOO, en el que han participado destacados juristas, hace un recorrido por los capítulos que, a juicio de los sindicatos, incumple el Gobierno, vulnerando el contenido de la Carta Social Europea. Así, la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo español no respeta el artículo 2 de la CSE, que recoge el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, al atribuir al empresario la capacidad de distribuir la jornada laboral de forma irregular, de no existir regulación en el convenio o acuerdo colectivo.

 

El informe sindical se refiere a continuación al artículo 4 de la CSE, sobre el derecho a una remuneración equitativa, que el Salario Mínimo Interprofesional incumple. También denuncia el dictamen de UGT y CCOO las violaciones del derecho a la negociación colectiva, en concreto del artículo 6.2 de la CSE, por la derogación por norma de un acuerdo pactado de ámbito estatal por las organizaciones sindicales y empresariales para determinar las condiciones de trabajo. De la misma manera, la reforma laboral vulnera el artículo 6.2 de la CSE al imponer la primacía del convenio colectivo de empresa frente a los convenios colectivos de ámbito superior, prohibiendo además a las organizaciones sindicales y empresariales que puedan alterar esa norma.

 

En el informe de UGT y CCOO se hace referencia igualmente a la violación de la CSE al imponer la reforma laboral un arbitraje obligatorio por la inaplicación de condiciones fijadas en convenio colectivo. Esta medida viola, igualmente, el derecho de huelga, protegido por el artículo 6.4 de la CSE, en la medida que dicho arbitraje obligatorio impide la efectividad de aquel derecho al fijar condiciones de trabajo sin garantía ni participación sindical.

 

Ambas organizaciones denuncian, por otro lado, las dificultades para el ejercicio de la libertad sindical en las Administraciones Públicas (AAPP), en donde se observa un creciente deterioro y devaluación de la negociación colectiva.

 

Finalmente, los sindicatos destacan en su informe la vulneración del artículo 6.4 de la CSE al permitir la facultad unilateral del empresario para dejar de aplicar condiciones de trabajo pactadas con los representantes de los trabajadores. Se denuncia en el dictamen sindical, la injerencia del poder público en la vigencia de los convenios colectivos; y se impone el arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga. Concluye el informe destacando la vulneración del artículo 6.4 de la Carta Social Europea por la criminalización desproporcionada e injustificada de la actividad sindical en la participación de piquetes informativos en el desarrollo de una huelga.